Díaz reprocha a Ford que aplique un ERE cuando tiene beneficios extraordinarios
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que "no es comprensible" que una empresa con beneficios se plantee un despido colectivo
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado que el fabricante de automóviles Ford haya planteado en su fábrica ubicada en la localidad valenciana de Almussafes un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). «Una empresa con beneficios extraordinarios no puede presentar un despido colectivo», ha recalcado.
A pesar de que ha reconocido que el departamento que encabeza no tiene competencias sobre ello, puesto que es la Comunitat Valenciana la que tiene competencias exclusivas en materia industrial «para evitar esta situación», ha destacado que «no es comprensible» que una empresa con beneficios se plantee una medida de este tipo.
Con todo, ha avanzado que el Gobierno ofrecerá toda la ayuda que sea posible a los afectados y que acompañará «siempre» tanto a las compañías como a los trabajadores.
ERE para 1.622 trabajadores
La dirección de la factoría valenciana presentó un ERE para 1.622 trabajadores sobre una plantilla conformada por 4.800 empleados. Según desgranó la compañía, cerca de un millar serían despidos objetivos con preferencia de contratación en 2027, cuando se prevé comenzar a producir un nuevo vehículo multienergía.
La producción del modelo, que no será totalmente eléctrico y que comportará la salida de 300.000 unidades anuales, conllevará unos niveles de carga de trabajo y empleo superiores a una plataforma eléctrica, comunicó la multinacional.
La empresa hizo saber a la comisión negociadora del ERE de que en la fábrica existe un excedente de personal de en torno a 1.600 trabajadores, de los cuales 600 son estructurales. Así, apuntó hacia la posibilidad de negociar una solución de transición para el otro millar de empleados hasta que se inicie la producción del nuevo vehículo.
Ford España trasladó su compromiso a trabajar «constructivamente» con la representación de los empleados, así como el gobierno estatal y autonómico para encontrar todas las oportunidades posibles para «reducir el impacto en los empleados de Ford, sus familias y la comunidad local».