Rodríguez anuncia 438 viviendas en Valencia como primer proyecto de la nueva empresa pública

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el Gobierno iniciará de forma inmediata la construcción de las primeras 438 viviendas promovidas por la nueva empresa pública de vivienda en la ciudad de Valencia. Este proyecto, que se llevará a cabo en el antiguo cuartel de ingenieros, tiene como objetivo garantizar que todas las casas sean 100% asequibles.

Rodríguez ha defendido la creación de la empresa pública como un paso esencial para blindar la oferta de vivienda pública en España, evitando la venta de viviendas sociales a particulares, como ha ocurrido en el pasado. “Se trata de garantizar una oferta permanente de vivienda pública y asequible”, hala ministra durante las jornadas ‘Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar’.

Un nuevo modelo para garantizar la asequibilidad

La ministra ha explicado que la nueva empresa pública, que refuerza y amplía las competencias del Sepes, trabajará para transformar inmuebles disponibles de la Administración General del Estado en hogares y gestionar proyectos de desarrollo de suelo. “Estamos incorporando más capacidades a esta empresa para que sea un verdadero motor de residencia asequible en España”, ha afirmado Rodríguez.

En su intervención, ha defendido que el modelo de liberalización del suelo “no garantiza más asequibilidad”, y ha recordado los efectos negativos de la burbuja inmobiliaria de mediados de la década de 2000, cuando un incremento descontrolado en la oferta disparó los precios. “La barra libre no funciona, necesitamos regulación”, ha añadido.

Además, Rodríguez ha instado a recuperar el proyecto de reforma de la Ley del Suelo, registrado en el Congreso desde marzo, para proporcionar mayor seguridad jurídica en el sector. “Invertir en este sector es la solución más efectiva para garantizar el derecho a la vivienda”, ha enfatizado.

El supuesto éxito de Cataluña

Rodríguez, por su parte, ha destacado los primeros resultados de la Ley de Vivienda en comunidades como Cataluña, donde se ha registrado una reducción de precios, y ha llamado a otras regiones a implementarla. “Es incomprensible que, con precios disparados y herramientas a disposición, no se utilice esta ley para garantizar casas asequibles”, ha señalado.

Asimismo, ha defendido la construcción de viviendas públicas en suelos dotacionales como una obligación de todas las administraciones públicas. “Garantizar el derecho a una vivienda digna es responsabilidad de todos los poderes públicos”, ha asegurado, agradeciendo la colaboración de ciudadanos, empresas constructoras y comunidades autónomas que ya trabajan con el Gobierno en esta dirección.

Una empresa pública para gestionar, no monopolizar

Leire Iglesias, directora general del Sepes, ha aclarado durante el evento que la nueva empresa pública no tendrá un rol monopolístico en la construcción de residencias asequibles, sino que buscará fomentar la colaboración con el sector privado. Iglesias ha subrayado la importancia de movilizar suelos para desarrollar proyectos con rentabilidad social, alejados de prácticas especulativas.

“Intervenir mediante la oferta y no solo mediante regulación permitirá crear más residencia pública a precios asequibles. Si demostramos su eficacia, los demás nos acompañarán”, ha sostenido Iglesias.