Mazón recupera la liberalización de las VPP a los 15 años y crea un precio ‘dinámico’ según cada promoción

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado un nuevo decreto para la Vivienda de Protección Pública (VPP), que recupera el plazo de descalificación que eliminó el Botànic y crea un precio dinámico que reducirá el precio donde la presión del mercado sea baja y lo elevará para cubrir los costes donde ahora con el sistema actual no se construye.

Se crean tres plazos de protección (es decir, de plazo en el que vivienda tiene el título de «VPP»). El más largo, 30 años, se aplicará en las viviendas construidas sobre solares para VPP. En los casos de construirse VPP en solares de vivienda libre, el plazo se reducirá a 20 años. Además, se crea un plazo de 15 años para las promociones que sean íntegras para jóvenes.

Además, el decreto incluirá como requisito que al menos el 40% de las nuevas viviendas, tanto públicas como privadas, se reserven para jóvenes menores de 35 años y familias monoparentales. Para lograrlo, se fomentará la colaboración entre los sectores público y privado para impulsar la construcción de viviendas protegidas y establece un sistema de precios máximos, basado en un módulo «dinámico y pionero en España», que se actualizará anualmente.

El ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, acompañado por la vicepresidenta y responsable de Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado que este decreto se aprobará «pronto» en el pleno del Consell para «garantizar un derecho constitucional como es la vivienda».

Según Mazón, la norma busca solucionar la «preocupante» situación de la vivienda en la Comunidad Valenciana, que considera resultado de una «difícil herencia». De este modo, las medidas pretenden beneficiar a familias con personas con discapacidad, dependientes, o víctimas de violencia de género, así como a familias con mayores a su cargo o jóvenes entre 18 y 35 años. En este sentido, ha recordado que la tasa de emancipación se encuentra en la «cola de Europa» con un 17% y eso «se debe cambiar».

Un desequilibrio «brutal» que afecta a los más vulnerables

Durante la presentación, también han participado Begoña Serrano, la directora del Instituto Valenciano de Edificación (IVE) y Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra del Observatorio de la Vivienda de la UPV. Además de entidades financieras como CaixaBank, Santander, Sabadell o Abanca, han asistido representantes del sector de la construcción y varias cajas rurales que tienen convenio con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

En la pequeña mesa redonda que se ha hecho entre Serrano y Cos-Gayón con la moderación de la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, se ha reseñado el aumento de los costes de la construcción y el desequilibrio «brutal», como la definido el director del Observatorio de la Vivienda, entre la oferta y la demanda que afectaría especialmente a colectivos como los jóvenes y los migrantes.

La directora del IVE ha señalado que en 2012 se produjo un aumento correctivo de los precios, alcanzando los 877 euros, mientras que en 2021 se observó una ligera caída. Sin embargo, en 2022, los precios volvieron a subir, situándose entre 874 y 1.048 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 60%, una subida mayor incluso que la de la crisis inmobiliario que acaba afectando al constructor y, en consecuencia, al usuario final.

Sobre todo, han enfatizado también que el precio de la construcción es un factor clave en esta dinámica. “Detrás de las gráficas de oferta y demanda hay sufrimiento real de los empresarios. Queremos fabricar Lamborghinis a precio de Skoda; es muy caro construir viviendas hoy en día”, ha advertido Cos-Gayón, aludiendo a las estrictas normativas que, aunque «magníficas», están dificultando la construcción de viviendas asequibles.

«Nos hemos puesto unas regulaciones muy exigentes que, en una situación de crisis, no son sostenibles”, añadió. Cos-Gayón ha sugerido que sería necesario “rebajar las pretensiones de la eficiencia energética” para poder hacer frente a los costos de construcción, ya que, incluso si se incrementa el módulo de construcción, «será insalvable» mantener estos estándares.

Un precio que se adapta a cada promoción

Uno de los puntos clave del decreto ha sido el nuevo módulo de fijación de precios máximos, que será flexible y permitirá ajustar los precios de las viviendas protegidas según la zona y la situación del mercado, asegurando siempre que estén por debajo del precio de venta libre. Es lo que se ha denominado «módulo dinámico». Este sistema tendrá en cuenta factores como la presión demográfica y la evolución de las rentas en los distintos municipios.

En ese sentido, Mazón ha destacado que la falta de viviendas en la región ha alcanzado un punto «crítico», especialmente para los jóvenes, y que los precios de alquiler han aumentado un 90% entre 2015 y 2023. El ‘president’ ha subrayado la importancia de la colaboración publico-privada para incentivar la construcción de más viviendas protegidas, un aspecto que hasta ahora no había sido suficientemente promovido por unos margenes que no eran rentables y que, según la directora del IVE, deberían situarse al torno del 15% .

El president ha explicado que “este módulo dinámico y de actualización anual, tendrá limitado su nivel máximo y permitirá abaratar las viviendas fijando un precio inferior en aquellos municipios en los que se den las circunstancias”. Igualmente, ha garantizado que “este nuevo reglamento es la primera piedra de un proyecto legislativo mucho más amplio para las necesidades de acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana””.

Simplificación administrativa para agilizar las calificaciones

Además, se implementarán medidas para simplificar los trámites administrativos y reducir los tiempos para obtener las calificaciones necesarias:  “queremos incentivar a los promotores a construir más viviendas protegidas, apostando por una mayor simplificación normativa y garantizando la seguridad jurídica”, ha destacado el president de la Generalitat.

Mazón enmarcó este decreto dentro de un conjunto más amplio de acciones para mejorar el acceso a la vivienda, incluyendo el Plan VIVE, que prevé la construcción de 10.000 nuevas viviendas asequibles, y una línea de avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con 20 millones de euros para facilitar la compra de vivienda a menores de 45 años.

Más allá de la nueva normativa, se ampliará el Bono Alquiler Joven 2023-2024, que ya ha beneficiado a 5.640 jóvenes, con una inversión de 31,9 millones de euros. El decreto, según Mazón, es un «paso más» en el compromiso del gobierno valenciano para resolver la crisis de la vivienda, incentivando la construcción de nuevas viviendas y mejorando el acceso al mercado inmobiliario para jóvenes y familias.