Los valencianos siguen sin recibir los fondos prometidos por el Gobierno de Sánchez
La Generalitat continúa asumiendo en solitario inversiones millonarias que el Gobierno central había prometido compartir
El Gobierno de Sánchez no cumple sus promesas
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Hace seis meses la Dana arrasó varias poblaciones de la provincia de Valencia. Ante este desastre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió a la Generalitat Valenciana todos los recursos necesarios: «Si necesitan recursos que los pidan». A día de hoy, las necesidades urgentes de los valencianos continúan sin ser atendidas.
Desde el primer momento, el Consell de Carlos Mazón activó un paquete de propuestas concretas para trabajar junto con el Ejecutivo central en cinco áreas estratégicas, con el objetivo de acelerar la recuperación de las zonas afectadas.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España sigue sin movilizar los recursos necesarios para dar respuesta a las emergencias planteadas, tal y como informa el Govern. En la provincia todavía hay viviendas en condiciones precarias, centros sociales que esperan ser reacondicionados y empresas que no pueden reabrir sus negocios por falta de apoyo económico.
Hasta ahora, la única vía que ha ofrecido el Ejecutivo de Sánchez es la de recurrir a nuevos préstamos, una deuda que no para de aumentar y que deberán asumir los ciudadanos valencianos. Mazón sigue reclamando ayudas directas y a fondo perdido para afrontar una reconstrucción que no puede esperar más.
A pesar de los esfuerzos de la Generalitat, el Gobierno de España ha rechazado medidas clave en áreas fundamentales como la agricultura, la vivienda, la sanidad, la educación o la recuperación económica.
Proyectos que Sánchez ha dejado en el cajón
Desde la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca se solicitó al Gobierno un Plan contra Inundaciones, estimado en 2.390 millones de euros, que proponía la modernización de sistemas predictivos y alarmas urbanas. Además, ha generado incompatibilidades en las ayudas a los arroceros, impidiendo que reciban apoyo complementario de la Generalitat.
En Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, se ha negado el apoyo de 25 millones de euros de Sepes para adquirir vivienda industrializada, forzando a los ayuntamientos a gestionar las compras. También se ha rechazado financiar la creación de centros de acogida para quienes perdieron sus casas, así como la movilización de las viviendas de la SAREB para los afectados.
Sánchez también ha rechazado las peticiones de la Conselleria de Hacienda y Economía, que solicitó ayudas a fondo perdido para la reconstrucción, igual que sucedió durante la pandemia. Tampoco se han aprobado exenciones fiscales para los afectados, ni el plan de «impuestos cero» (IVA, IBI o IAE).
En cuanto a Educación, Cultura, Universidades y Empleo, el Ejecutivo bloqueó la propuesta de un bono cultural de 15 millones para reactivar el sector. Para paliar las consecuencias de la DANA, se solicitó la financiación para la reparación de infraestructuras educativas sin respuesta de la ministra Diana Morant.
El Gobierno ha excluido a 28 municipios
El Gobierno ha excluido a 28 municipios de Castellón y Valencia de las ayudas estatales y no ha respondido a las peticiones de limpieza urgente de cauces y barrancos, a pesar de la solicitud lanzada desde la Conselleria de Emergencias e Interior.
Por su parte, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo solicitó el pago de indemnizaciones del Consorcio de Seguros, una medida que avanza muy lentamente, con solo el 68% de los expedientes resueltos. Tampoco se ha solicitado a Europa la flexibilización de requisitos para apoyar a las empresas afectadas.
El Gobierno también ha dejado sin respuesta al convenio para financiar la tarjeta de transporte gratuito Recuperem València ni a las reclamaciones para adelantar obras hidráulicas cruciales como las del barranco del Poyo.
Sánchez tampoco ha cumplido su promesa de invertir en la recuperación de l’Albufera y en saneamiento, dejando todo el esfuerzo en manos de la Carlos Mazón y la Generalitat.
Respecto a la Conselleria de Sanidad, aún no ha recibido los fondos para reparar los centros de salud dañados ni para activar las 9 Unidades de Emergencia de Salud Mental que se prometieron.
Finalmente, se ha rechazado a crear una Comisión Mixta para coordinar la recuperación, pese a que sí se formó una en la crisis del volcán de La Palma. Tampoco se ha avanzado en el pacto estatal para reforzar infraestructuras hídricas en toda la cuenca mediterránea.
