Valencia sigue los pasos de Madrid y aprobará una suspensión de licencias de un año a los pisos turísticos

El Ayuntamiento de Valencia va a seguir los pasos del de Madrid en lo que a pisos turísticos se refiere y aprobará en el pleno de la ciudad del próximo martes la suspensión cautelar de licencias a este tipo de alojamientos durante un año, prorrogable un año más.

Valencia toma esta decisión un mes después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciara la inmediata suspensión del otorgamiento de licencias nuevas para viviendas de uso turístico y que multiplicará las sanciones a las casas turísticas ilegales, todo ello hasta que el Gobierno municipal apruebe la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM). 

Según han explicado desde el consistorio valenciano, esta suspensión afecta a casi toda la ciudad porque Ciutat Vella -centro histórico de Valencia- ya tiene en vigor la suspensión y el barrio marítimo del Cabanyal tiene su propia normativa.

Esta suspensión, han añadido, afecta principalmente a viviendas en comunidades de propietarios y bajos porque los edificios dedicados en exclusiva a apartamentos turísticos son una actividad económica equiparable a un hotel y, por tanto, no están sujetos a esta suspensión.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado que espera tener lista antes de que acabe 2025 una plataforma única estatal que unifique datos, estudios y normativas en materia de pisos turísticos para ver qué es lo que mejor está funcionando, adoptar medidas al respecto y tener más agilidad para combatir el fraude.

Con el desarrollo de esta plataforma en los plazos que maneja el ministerio, y que se implementa en base al reglamento europeo que ha entrado en vigor el pasado 20 de mayo y que regula el fenómeno de las plataformas que ofertan este tipo de alojamientos, España sería uno de los primeros países europeos en tenerla en marcha, ha indicado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, antes de la Conferencia Sectorial para abordar con las comunidades el impacto de los pisos turísticos sobre la vivienda residencial.

Los países europeos tienen un plazo de dos años para poner en marcha esta plataforma.

La ministra ha apuntado que con ello se permite un mejor diagnóstico, la implementación de herramientas y la persecución del fraude en un sector en el que ha reconocido que hay mucha «alegalidad» y cuya proliferación está reduciendo la vivienda en alquiler residencial y provocando un incremento de precios.