UGT-PV admite que la reducción de jornada restará productividad y pide aplazarla «dos o tres años» para sumar a la CEOE
El líder del sindicato en la Comunidad Valenciana asegura que, en conversaciones privadas, representantes de la patronal aseguran que verían con buenos ojos esta propuesta
Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV, en un desayuno de Nueva Economía Fórum
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El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha afirmado que «es evidente» que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas promovida por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz «puede perjudicar a la productividad». Igualmente, ha abogado por «aplicar cierta flexibilidad» en la aplicación de esta medida y alcanzar esta disminución de las horas de trabajo «en dos o tres años» para alcanzar un acuerdo con la CEOE.
En un desayuno de Fórum Europa Tribuna Mediterránea celebrado en el Hotel Las Arenas de Valencia junto a su homóloga en CCOO-PV, Ana García, el líder valenciano de UGT se ha desmarcado de la posición de su organización a nivel nacional y, además, ha desvelado que, en conversaciones en privado, representantes de la patronal le han reconocido que «no tendrían problema» en aceptar la reducción de jornada y llegar a un acuerdo si se aplicara en esos «dos o tres años».
Precisamente este lunes, Yolanda Díaz, ha defendido en un desayuno organizado por Europa Press la constitucionalidad de la reducción de la jornada laboral, frente a las apreciaciones de la CEOE. Díaz ha asegurado que la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas semanales es un «proyecto de país», que afecta a 12 millones de personas, y que tiene un apoyo ciudadano «sin precedentes», incluido el del Papa Francisco. Pero también ha denunciado que es una medida con «grandes adversarios sin precedentes», como la propia CEOE, y algunas formaciones políticas, apuntando en este caso al PP.
Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que confía en la aprobación de la reducción de jornada en el Consejo de Ministros de la próxima semana y ha subrayado la importancia de ayudar a las empresas en este proceso para que el proyecto sea «una garantía y un éxito».
«La reducción de la jornada, que es un factor salarial, un coste, puede perjudicar a la productividad, eso es evidente. Y lo producirá en mayor medida en aquellas empresas que exportan, es decir, que compiten en el exterior y que, por tanto, se miden con otros competidores que pueden tener o no mejores condiciones o condiciones más económicas, también desde el punto de vista de los salarios o la jornada, que las que podamos tener aquí», ha desarrollado Sáez.
«Esas empresas, las que compiten, -ha continuado- tienen jornadas hoy que ya están cerca de las 37,5 horas, 38 o 38,5, por lo que el esfuerzo en reducción de jornada no estaría por encima del 2%, sino probablemente por debajo y por tanto no tiene un impacto en la competitividad de las empresas que sea reseñable«.
En cuanto al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el líder de UGT en la Comunidad Valenciana también ha abogado por «llegar a un acuerdo» entre el Gobierno y los agentes sociales. «Es necesaria lealtad entre las partes. No creo que quepa el diálogo social sin la CEOE ni que la CEOE pueda protagonizar el diálogo social sin los sindicatos», ha apuntado.
«Tocaba dar pasos» en la reducción de la jornada
No ha coincidido en estos argumentos su homóloga en CCOO. Ana García ha criticado que tras «once meses» de negociación sobre la reducción de la jornada «no ha habido posibilidad de acuerdo, por lo que tocaba dar pasos».
«Es preferible llegar a acuerdos, pero se han puesto muchos elementos como la flexibilidad de implantación y eso se rechazó. O ayudas a las pequeñas y medianas empresas y también se rechazó. Esperemos que cuando vaya al Congreso, los partidos no voten en contra de los trabajadores. Tenemos que revisar el modelo de competitividad que tenemos, porque si va a ser de más horas y menos sueldo… Los beneficios empresariales no paran de crecer. Hay espacio para implementar esta medida«, ha sostenido García.
«La productividad ha crecido en 2022 y 2023. Hay que cambiar el modelo productivo hacia modelos de más valor añadido. Si no hay salarios fuertes y no hay tiempo, ¿cómo vamos a incrementar la demanda interna?», ha zanjado la líder de CCOO-PV.
Sáez (UGT-PV): «Con lo que va a costar la ampliación de Barajas me llevo las manos a la cabeza»
Durante su intervención en el desayuno informativo, Ismael Sáez ha apostado por la «industrialización» de la Comunidad Valenciana y ha relatado que la anterior consellera del ramo, Nuria Montes, trasladó a los agentes sociales que «se iba a apostar» por ello pero, a la vez, se iba a reducir el presupuesto en industria un 5,5%. Ha criticado que se les trasladó que «se iba a hacer más con menos» pese a esta reducción en la inversión pública.
Entre los problemas que ha identificado en la Comunidad Valenciana, ha nombrado, entre otros, la financiación autonómica o las infraestructuras, «y no solo comparándonos con Cataluña, sino también con Madrid». En este punto, ha señalado que cuando ve lo que va a costar la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas se lleva «las manos a la cabeza» al ver cómo, simultáneamente, «aquí no hacen el túnel pasante», una obra clave del Corredor Mediterráneo en Valencia.
También ha denunciado que los valencianos están «alrededor de 14 puntos por debajo de la media de renta per cápita«. «Viene gente de fuera, pero para ocupar puestos de escaso valor añadido. Los universitarios salen de nuestra comunidad y de nuestro país para buscar oportunidades», ha lamentado.
Ana García, por su parte, ha celebrado que en la Comunidad Valenciana está creciendo el empleo, con más de dos millones de afiliados; la población, con más de cinco millones; del beneficio empresarial y «moderadamente», de los salarios, «donde hay margen para que crezcan». «Tenemos una buena situación macro, pero no micro. La cesta de la compra está cara, tenemos riesgo de pobreza, las familias dedican el 40% de los ingresos a la vivienda…», ha desgranado.
La secretaria general de CCOO-PV ha coincidido con Sáez en señalar a la financiación autonómica como uno de los problemas a resolver y ha añadido que esta modificación del sistema autonómico «tiene que ir unida a una reforma fiscal para ingresar más y repartir más». Politicas de empleo fuertes para la revolucióm verde que viene. Crecimiento de las empresas que son muy pequeñas, fortalecimiento del sector industrial, transformación del sector turistico, que no puede ser precario…
Un «Plan Marshall» por la DANA
Otro de los temas tratados en este desayuno informativo ha sido la respuesta a la DANA que golpeó a gran parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. García ha reclamado diálogo social: «Aquí, un poco tarde, pero se ha activado la mesa de diálogo social. Todo ello para salir económicamente de la mejor manera y lo más rápido posible».
Ha apostado también por «cambiar los modelos de movilidad» y ha ejemplificado: «Tenemos muchos polígonos que no tienen acceso con transporte público». Además, ha afirmado que «habría que poner en marcha un Plan Marshall para reubicar a toda la gente que vive en zonas inundables».
También ha pedido «un pacto de estado interinstitucional» y ha comentado que así se lo trasladaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Valencia de la pasada semana.
Por su lado, Sáez ha sostenido que «está aumentando la sensación de que no está habiendo celeridad en las ayudas de la DANA por el choque político» y, también, «hay una evidente impresión de falta de coordinación». En este punto, ha apuntado directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como primer responsable de esta crispación política en torno a la DANA: «Para no ser equidistante, Feijóo vino el día dos de la DANA y nos trasladó que la responsabilidad era del Gobierno central y ahí se inició la guerra política. Luego las partes contestan».
UGT-PV y CCOO-PV tampoco coinciden en políticas de vivienda
En cuanto a la actual problemática de vivienda que la Comunidad Valenciana y Valencia en concreto viven con especial intensidad, la secretaria general de CCOO-PV ha subrayado que la comunicad cuenta con más de 60.000 viviendas turísticas con licencia y ha instado a «los distintos gobiernos en sus competencias» a «intervenir el mercado de la vivienda«.
Asimismo, ha apuntado: «Construir más no lleva a que bajen los precios, ya lo vimos en la burbuja inmobiliaria. Hay que intervenir sí o sí el mercado. Hay que ampliar el parque público de vivienda, limitar los precios del alquiler, poner fin a los desahucios al menos si no hay una alternativa habitacional, ayudas sobre todo para la juventud, incorporar la calificación permanente de la vivienda protegida…».
Sáez, todo lo contrario, ha opinado que «hace falta construir más, sobre todo de protección pública», además de «conseguir que los arrendadores tengan más garantías sobre los arrendatarios», poner en marcha avales públicos para dar esta seguridad a los propietarios y lanzar también avales y créditos para afrontar la entrada de las hipotecas para la adquisición de viviendas.
