Los tribunales dan luz verde a la ZAL del Puerto de Valencia y Catalá mueve ficha con MSC

El Tribunal Supremo ha declarado definitivamente conforme a derecho el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia. Una vez este espacio ha recibido la luz verde en el ámbito judicial, es el turno de las Administraciones y, en concreto, de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a las que las empresas del sector portuario esperan impacientes.

Y la primera edil se ha puesto ya a ello. Tras celebrar que el equipo de Gobierno municipal está «muy satisfecho» con esta resolución judicial y asegurar que contribuye a que el de Valencia sea «puerto referencia del Mediterráneo», Catalá ha adelantado este jueves que «en las próximas semanas se darán las licencias» de la ZAL.

«Será algo histórico que por fin puedan empezar las obras en la ZAL. Creo que eso va a conseguir que desbloqueemos todo el potencial de nuestro puerto, que va a ser el primer puerto del Mediterráneo, que es uno de los puertos más importantes de España, por donde entra el 50% del PIB del país», ha celebrado la alcaldesa.

Uno de los puntos calientes ha sido el de la licencia a MSC, un asunto sobre el que ha explicado: «Podrá comenzar las obras cuando esté la licencia, que estará en las próximas semanas y comenzará las obras en seguida».

Este ha sido uno de los casos más problemáticos, el de MSC, adjudicataria de la ampliación norte del puerto valenciano, que encendió todas las alarmas el pasado mes de noviembre, cuando anunció que daba carpetazo a sus proyectos en la ZAL, en la que preveía invertir más de 55 millones de euros y la creación de alrededor de un centenar de puestos de empleos.

En concreto, la principal naviera del mundo había planteado dos inversiones en la ZAL adjunta al puerto de Valencia. La primera, de casi 20 millones, para una nave de 20.200 metros cuadrados donde crearía 60 puestos de trabajo directos y 500 indirectos.

La segunda, de 35,7 millones, una nave logística especializada en el transporte por contenedor en frío para congelados y productos refrigerados. El empleo anunciado era de 25 puestos de trabajo directos y 500 empleos indirectos. La nave ocuparía de 25.400 metros cuadrados.

Aquel amago de renuncia ocurrió en noviembre, cuando la ampliación del Puerto todavía no tenía el ok del Consejo de Ministros, lo que sembró de incertidumbre el futuro de las inversiones de la compañía en Valencia.

Ante esta alerta roja, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá aseguró a principios de enero que la licencia para las instalaciones logísticas de MSC estaría lista en los primeros tres meses del año, para cumplir así con el ultimátum que dio la compañía italo-suiza.

Entretanto, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, y Francisco Lorente, presidente de MSC, hablaron sobre que «MSC da un ultimátum de tres meses a Mazón y Catalá para volver a apostar por la ZAL» y el naviero rebajó el tono.

Consultadas fuentes de MSC por parte de Economía Digital a finales de diciembre, estas confirmaron que, efectivamente, la naviera dio un plazo de «dos o tres meses» para resolver este asunto con el Ayuntamiento de Valencia y pasado el primer mes, tampoco confirmaron conversaciones activas con el equipo de gobierno local. Finalmente, parece que el consistorio valenciano escuchó el ultimátum de la concesionaria de la futura terminal norte del puerto de Valencia, y ya ultima la concesión de tan luchada licencia.

Los empresarios no pierden un minuto en reclamar licencias para la ZAL

Este es el ejemplo más claro y más palpable, pero la ZAL siempre ha sido el gran debe del Puerto de Valencia para el empresariado valenciano y para las compañías con intereses en el Puerto de Valencia.

De hecho, la Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos Propeller Valencia ha celebrado este desbloqueo llegado desde el Tribunal Supremo. «Desde Propeller Valencia valoramos muy positivamente la resolución del Tribunal Supremo que da luz verde a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y declara conforme a derecho el Plan Especial de la ZAL del Puerto de Valencia», han señalado en un comunicado.

Para Propeller, añaden los empresarios logísticos, «es el momento del que el Ayuntamiento active las licencias con carácter de urgencia para que, sin perder un minuto más, se active la ZAL del puerto de Valencia, paralizada incomprensiblemente desde hace 30 años».

«Cabe recordar que la ZAL es un espacio de generación de riqueza y empleo, absolutamente necesaria para mantener la competitividad del puerto de Valencia y del comercio exterior de la región», ha concluido Propeller.

La decisión del Supremo

El Tribunal Supremo ha estimado este jueves el recurso de la Generalitat valenciana y Valencia Plataforma Intermodal y Logística, S.A. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana, de 31 de marzo de 2022, que anuló tanto el acuerdo como el Plan especial por no haberse tramitado por la Administración autonómica una evaluación ambiental estratégica por el procedimiento ordinario, sino por el procedimiento simplificado. El TSJ valenciano dio la razón a una asociación de vecinos.

Según recoge la sentencia, la superficie del sector afectado es de 772.961,17 metros cuadrados, y el Plan prevé la creación de un centro logístico adyacente al Puerto de Valencia, donde concentrar actividades y servicios que confieran valor añadido a las mercancías relacionadas con el tráfico marítimo internacional, tratándose de un área destinada al desarrollo de actividades de almacenamiento, distribución y ensamblaje de mercancías, componentes industriales, materiales y cualquier tipo de productos vinculados, en su mayor parte, con el tráfico marítimo.

En resumen, señala el Alto Tribunal que “sobre la constatada realidad física de esos terrenos, la escasa afección ambiental que conlleva el Plan Especial, dado que sus determinaciones vienen a consolidar las obras de urbanización en su día ejecutadas sin producir una alteración esencial respecto de la realidad existente, por lo que, en consecuencia, su afección ambiental es prácticamente inexistente, lo que justificaría la utilización del procedimiento simplificado de la evaluación ambiental estratégica”.