Mazón denuncia el «portazo» de Sánchez a la mayoría de las ayudas para la recuperación
Desde la Generalitat señalan que el esfuerzo que están realizando no solo es proporcionalmente mayor al del Gobierno, sino que se lleva a cabo con una gran desigualdad de condiciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/Moncloa/Fernando Calvo
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Cinco meses después de que la Dana del 29 de octubre destrozara varias comarcas de la provincia de Valencia, la mayoría de las propuestas planteadas por la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón al Gobierno de Pedro Sánchez han sido desestimadas, total o parcialmente, tal y como inciden desde el gobierno valenciano.
A pesar de que se crearon varios grupos de trabajo entre ambas administraciones para coordinar la reconstrucción y la recuperación de los municipios afectados, el balance final no es positivo. De las 58 medidas presentadas por el Consell en diferentes áreas como sanidad, infraestructuras, servicios sociales, vivienda o apoyo a empresas, tan solo 18 han sido aceptadas, lo que representa un tercio del total.
La Generalitat impulsó estos grupos de trabajo con la intención de agilizar una respuesta conjunta con Sánchez y dar soluciones a las familias y negocios afectados por la Dana. Sin embargo, la falta de compromiso económico por parte del Gobierno ha generado malestar en el seno del Carlos Mazón.
Según fuentes autonómicas, más allá de las ayudas obligatorias por cuestiones competenciales, el Ejecutivo ha rechazado gran parte de las propuestas relacionadas con nuevas inversiones públicas para la recuperación.
Entre las peticiones tributarias denegadas por el Ejecutivo central destacan: 1.134 millones para reparar y equipar centros educativos, 250 millones para infraestructuras sociosanitarias, como residencias y centros de día, 140 millones para centros de salud y compra de material sanitario, 45 millones para cubrir prestaciones por dependencia impagadas en noviembre y diciembre, además de dos mensualidades extraordinarias, y 2,6 millones para un centro de acogida temporal y 3 millones más para rehabilitar viviendas públicas.
Además, de las 1.050 viviendas de la Sareb solicitadas para realojar a afectados, solo 92 han sido puestas a disposición. Respecto a las obras públicas, se han puesto 550 millones en marcha por parte del Consell, en redes de transporte, depuradoras, puertos y parques naturales, y siguen sin respaldo estatal, salvo una única promesa de 100 millones para depuradoras.
Sánchez también ha dicho no a la cofinanciación de la tarjeta de transporte gratuito «Recuperem València» y ha pospuesto indefinidamente las inversiones en infraestructuras críticas para prevenir inundaciones.
En el ámbito tributario, se ha descartado la exención del IBI en 2025 para inmuebles dañados, la reducción del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a negocios afectados y la posibilidad de usar fondos europeos (MRR, FEDER y FSE) para sufragar gastos de emergencia.
Por último, 28 municipios valencianos con más de 80.000 habitantes han sido excluidos del plan estatal de ayudas para infraestructuras municipales, a pesar de los daños sufridos. Entre ellos están Carcaixent, Chelva, Tuéjar, Senyera, Villar del Arzobispo, Xeraco o Alberic, entre otros.
La falta de compromiso con las unidades de salud mental
Uno de los compromisos más urgentes tras la Dana fue la activación de unidades de emergencia de salud mental para atender a todos los afectados. En febrero se anunció con el despliegue de 14 equipos, pero solo 8 se han concertado en la Comunitat Valenciana. Cuatro meses después, ninguna está totalmente operativa, y desde el Ministerio de Sanidad tampoco se han enviado refuerzos.
El Gobierno ha condicionado cualquier inyección económica directa a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esto obliga al Consell a asumir la reconstrucción recurriendo a un endeudamiento adicional de hasta 4.000 millones de euros, según estimaciones internas.
Lo cierto es que el Gobierno maneja un presupuesto superior a los 386.000 millones de euros, y la Generalitat Valenciana cuenta con apenas 32.300 millones y una limitada capacidad de endeudamiento en comparación con el Ejecutivo. Desde la administración consideran que están cargando con el grueso del esfuerzo económico para reparar los daños provocados por la riada del pasado 29 de octubre.
Un esfuerzo desproporcionado y sin respaldo
A pesar de los compromisos públicos de colaboración, desde el Consell creen que Sánchez ha aportado poco o nada a la ejecución de las obras necesarias para restaurar infraestructuras, viviendas y servicios básicos dañados por la catástrofe natural.
Desde la Generalitat se han visto obligados a activar recursos propios, en un contexto especialmente delicado, teniendo en cuenta que la Comunitat Valenciana es la autonomía peor financiada de España, una situación que se agrava con la actual financiación territorial del Gobierno.
El Consell ha denunciado que el Gobierno no solo ha eludido su responsabilidad en esta emergencia, sino que ha bloqueado mecanismos de máxima importancia que permitirían aliviar la presión sobre las cuentas valencianas, como el rechazo a aprobar un FLA extraordinario, la falta de actualización de las entregas a cuenta y la ausencia del fondo de nivelación transitorio.
Con estos obstáculos encima de la mesa, la Generalitat ha admitido que se encuentra en una situación límite. El margen para endeudarse es mínimo, la presión social para reconstruir y reparar los daños es creciente, y el respaldo del Estado, casi inexistente.
