Mazón prepara una ley para agilizar instalaciones renovables mediante una directiva europea

Las empresas dedicadas a las energías renovables demandan celeridad a Gobierno central y Generalitat Valenciana en la aprobación de proyectos después de cumplir con solo un 1% del objetivo de instalaciones establecido en 2020. Por su parte, el Consell prepara una ley en la que se ha implicado personalmente el ‘president’ valenciano, Carlos Mazón, que se presentará en las próximas semanas y que prevé aplicar una directiva europea que agiliza los procesos para la instalación de instalaciones de energía verde.

Así lo han manifestado representantes de diversas compañías del sector, así como la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat, Nuria Montes, durante el III Congreso de Energías Renovables ‘Energy Revolution’, organizado por Avaesen, la asociación de empresas de energías renovables y otras tecnologías limpias de la Comunitat Valenciana.

La futura ley, sobre la que ni la consellera ni el director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, han querido dar demasiados detalles al ser una normativa que quiere dirigir y presentar directamente el presidente valenciano, contempla la aplicación de la directiva europea RED III, que simplifica trámites, crea zonas de aceleración renovable e incluye novedades en hidrógeno renovable.

En concreto, esta normativa de Bruselas aumenta el compromiso de los Estados miembros para 2030 respecto de la cuota de energía del consumo final bruto procedente de fuentes renovables de un 32% a un 42,5%. Para ello, plantea zonas de aceleración renovable.

Este planteamiento designará aquellas áreas especialmente adecuadas para instalar plantas de energía renovable e incluye ventajas como el silencio administrativo positivo ante la falta de respuesta de la Administración; que los proyectos a desarrollar en tales ubicaciones no serán sometidos a una evaluación de impacto ambiental (salvo aquellos con efectos significativos sobre el medioambiente) y promete plazos de tramitación reducidos.

También contempla la simplificación de los procedimientos de las energías renovables. La tramitación de las plantas de energía renovable y los activos de almacenamiento se presumirán de interés público superior, así como contribuyentes a la salud y la seguridad públicas, además de que se aceleran los procedimientos administrativos de autorización, certificación y concesión de licencias.

El plazo para transponer la Directiva Red III finaliza el 21 de mayo de 2025, a excepción de la consideración de los proyectos renovables como interés público superior, que los Estados miembros habrán de garantizar a más tardar, el 21 de marzo de 2024. Sin embargo, el Gobierno de Mazón pretende aplicar estas directrices en una ley que se presentará en las próximas semanas, previsiblemente.

El «efecto girasol» de España y la Comunitat Valenciana

El presidente de Avaesen, Marcos J. Lacruz, ha recordado que sus 200 asociados y colaboradores suman 8.000 millones de euros en facturación agregada y unos 10.000 empleos directos. Lacruz ha defendido que Europa «no dependa de fuentes externas que le puedan chantajear» y que las grandes compañías «se van a ir desplazando a donde tengan energía más barata y ahí la Comunitat Valenciana tiene una excelente oportunidad para atraer empresas e industria», en lo que ha llamado «el efecto girasol», porque estas compañías «van buscando el sol».

Sin embargo, ha lamentado que en el año 2020 se estableció el objetivo de instalación de 10.000 MW en la Comunitat Valenciana. «Llevamos 100. Y se estableció antes de la guerra de Ucrania, de las severidades del cambio climático… Estamos a un 1% de un plan ya desfasado. Tenemos que hacer un esfuerzo solo para llegar tarde. Las empresas respondieron, pero los expedientes ya están tramitados en otras comunidades y aquí lo está revisando no sé qué organismo que, según la ley, no tendrían por qué revisar», ha criticado.

Sobre las protestas de algunos colectivos por la instalación de plantas de renovables en determinados territorios, especialmente del interior, Lacruz ha argumentado que «estamos en el Mediterráneo, zona cero del cambio climático», por lo que «no hay mayor aliado de la agricultura que la energía renovable». «Se adaptan las plantas fotovoltaicas a los cultivos y hay un maridaje entre ellos. Agricultura y fotovoltaica no solo con complementarias, son absolutamente necesarias», ha reivindicado.

La Comunitat Valenciana, a la cola en instalación de renovables

Nuria Montes ha puesto en valor que la Conselleria que dirige está «intentando desenmarañar todo lo que nos encontramos tras ocho años de Botànic». «La Comunitat Valenciana está a la cola de la instalación de energías renovables. Las empresas han buscado otros territorios mucho más receptivos. Se nota ya una mayor celeridad, aunque todavía no hemos desenmarañado del todo. Nosotros no vamos de farol, tenemos una apuesta decidida por esta revolución«, ha resaltado.

Se ha referido también a la nueva ley que presentarán próximamente: «Los trabajos están muy adelantados en la nueva ley para permitir ese escenario amable. Será cuestión de días o de semanas. Llevamos trabajando meses para la modificación de la normativa».

«Estamos abordando un proceso de simplificación administrativa que va a afectar a todas las áreas de la Generalitat Valenciana que seguramente va a ayudar a agilizar estos procesos. Con ese cambio normativo, con la ayuda de organismos externos para aportar los estudios necesarios, con un portal de transparencia para que las empresas sepan cómo va su expediente… Daremos muchos pasos adelante», ha detallado.

Montes ha coincidido con Lacruz en que el debate entre agricultura y renovables es «absolutamente artificial». «Hay muchísimos campos abandonados que se pueden utilizar para las renovables. Ese conflicto no debe existir, no están reñidos. La fotovoltaica permite que 20 años después se pueda desinstalar y el suelo puede volver a utilizarse para la agricultura sin ningún problema», ha expuesto.

Por su parte, Argüelles ha apuntado que es el propio presidente Mazón «el que quiere liderar la presentación de la nueva normativa», sobre la que ha dicho que incluirá novedades en materia de facilidad en la tramitación, un plan de aceleración de las renovables y reducción burocrática. «Si aplicamos lo que hacen otras comunidades autónomas en Europa, tiene que funcionar. No vamos a inventar nada», ha indicado.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, cuya asistencia estaba anunciada y que finalmente no ha acudido, ha intervenido en la jornada mediante un vídeo grabado en el que ha señalado: «Necesitamos gente que entienda dónde, cuándo, por qué y de qué forma ir implantando estas instalaciones. Una gestión ordenada de esta transición energética nos proporcionará precios previsibles y aceptables y ayudarán en la lucha contra el cambio climático». Tampoco ha asistido finalmente el propio Mazón, cuya presencia estaba anunciada inicialmente, pero se encuentra de viaje en Bruselas.

Desafíos en el desarrollo de las renovables en 2024

En otra de las mesas de debate, el director general de Valfortec, Fidel Roig, ha continuado con las mismas exigencias: «Necesitamos construir ya. Hemos estado mucho tiempo esperando y seguimos esperando. Tenemos la necesidad de que esto coja velocidad y se empiece a desbloquear todo». La financiación es otro de los problemas con los que se están encontrando, sobre lo que ha dicho que «ayudaría muchísimo saber cuándo vamos a tener un proyecto para que el banco tenga esa certeza».

El fundador y CEO de Umbrella Solar, Enrique Selva, ha sostenido que, tras dos décadas trabajando en renovables, considera que «termina la era de la generación, porque ya existe y solo queda seguir implementándola» y, ahora, «el reto ahora es gestionar toda esa energía».

«No solo es almacenarla. Hay que asegurar que la red no falle y que nadie se quede sin suministro. Es un tema de almacenamiento y de gestión inteligente. Las renovables van a incorporar la IA para predecir cómo va a ser el comportamiento y consumo de una casa o de una región. El sector necesita una segunda vuelta, un 2.0. Ya no vale con quedarse en la generación», ha insistido.

Clara Fernández, directora de Desarrollo de IBOX Energy, ha coincidido con sus compañeros: «Todos los promotores llevamos bastantes años con proyectos que no acaban de aprobarse. Espero que 2024 sea el año del cambio y tengamos puntos de conexión, que nos estamos quedando sin».

Por su parte, Gabriel Butler, socio fundador y CEO de Genia Global Energy, ha puesto de relieve que «estamos muy lejos de llegar a los objetivos que nos propone Europa en materia de biogás y biometano». «El problema es que nos encontramos importantes barreras a nivel administrativo, como en la Ley de residuos. Podemos transformar los residuos orgánicos en un valor. Pero la normativa no deja claro qué herramientas se pueden utilizar para ello», ha censurado.