Los concesionarios piden al PP un plan prever autonómico que contradiga a Pedro Sánchez

Los concesionarios han llevado al terreno político sus reivindicaciones. Dan por perdido el PSOE y se centran en el PP. Desisten de pedir a Pedro Sánchez incentivos para reeditar un plan prever que dé entre 3.000 y 4.000 euros al comprador que achatarre un vehículo antiguo para comprar uno de combustión o híbrido. La política del gobierno central es el plan Moves, centrado en los coches eléctricos, pero Faconauto ve en las autonomías gobernadas por el PP una oportunidad para que los incentivos a la compra sean también para los que siguen optando por la gasolina o el diésel.

Los motivos que Faconauto pone encima de la mesa son que el 90% de los coches que se compran son de combustión mientras las actuales ayudas sólo se conceden a los coches eléctricos, que son sólo el 10% del mercado. El plan permitiría un ahorro del 63% de las emisiones de CO2 sobre los vehículos retirados por lo que inciden en que «ayudaría a acelerar la descarbonización del parque».

Además, recurren la histórico argumento de la rentabilidad de la medida. Piden 10 millones de euros de dinero público para fomentar la venta de 4.000 vehículos (sale a 2.500 euros de subvención, el resto de ayuda lo pondrían las marcas) y «la administración regional obtendría un retorno de alrededor de 12 millones de euros vía impuestos«. Si se suma la recaudación para administración nacional y municipal, el retorno se eleva a 22 millones. Es decir, por cada euro que se invierte en plan Prever, se generan el doble para las administraciones vía impuestos.

Marta Blazquez, presidenta de Faconauto, ha explicado durante una jornada que los concesionarios han celebrado en Femeval que el camino a seguir es el ya marcado por regiones como Galicia o Madrid, que ya tienen operativos sus planes de renovación de parque.

El gobierno valenciano desalienta el plan

Nuria Montes, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, descartó ayer que se vayan a poner 10 millones de euros para incentivar la venta de vehículos de combustión o híbridos en la Comunidad Valenciana. El motivo es la falta de fondos debida a la infrafinanciación que tiene la Comunidad Valenciana, por lo que señaló al gobierno de Pedro Sánchez como el culpable de que no se puedan realizar el plan de achatarramiento que pide el sector.

Tras indicar que Femeval aglutina a las empresas de la industria, comercio y servicios del sector del metal de la provincia de Valencia, Nuria Montes manifestó que «la automoción es un motor de desarrollo y prosperidad, contribuyendo de manera significativa al crecimiento económico y al empleo” y ha destacado que, “en conjunto, el valor del clúster automovilístico en volumen de facturación, se estima que asciende al 8% del PIB de España y al 9% del empleo sobre la población activa». 

“Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana -ha explicado- la trascendencia del sector es igualmente notable. Aporta, en el promedio de los últimos años, alrededor de un 8% del PIB regional y cerca del 16% de las exportaciones. El conjunto del clúster de la automoción presenta una facturación de 8.500 millones de euros anuales lo que refleja su impacto económico y su papel es clave en nuestro tejido empresarial”.

Ford hace coches de combustión y necesita a PP y PSOE

El plan del sector para incentivar la compra de coches preachatarramiento de antiguos afectaría a 250 concesionarios y a un volumen de empleo de 18.000 personas, según datos de Faconauto. El tipo de vehículo que se quiere incentivar es el de combustión o híbrido, es decir, las dos opciones de propulsión que tiene actualmente el Kuga que se ensambla en Almussafes.

La factoría, con alrededor de 4.800 empleados, tiene hoy convocada una reunión entre la dirección y los sindicatos para concretar el ERE y el ERTE que se tiene que aplicar en la factoría hasta que llegue en 2027 el nuevo modelo, que será multienergía, una nueva denominación en lenguaje Ford de lo que se intuye como un vehículo que montará un motor de combustión y tendrá cierta hibridazación.

Tal y como publicó Economía Digital, los planes de Ford que se iban a desvelar el 28 de mayo eran que sobraban 1.900 empleados. Habría 600 despidos y se realizaría un ERTE para 1.300. La idea de UGT es que las suspensiones de empleo se realizaran mediante el mecanismo RED. El gobierno de Carlos Mazón empuja esta decisión cuyo coste lo cubriría el gobierno central, cuestión para la que Pedro Sánchez no parece estar por la labor.

La falta de conexión entre PP y PSOE en el terreno de los concesionarios es similar a la que existe a nivel industrial donde Ford está negociando por un lado con Rebeca Torró, secretaria de Estado de Industria, y, por otro, con Nuria Montes, consellera de Industria. Faconauto tiene claro que no habrá una senda común entre las administraciones de distinto color. Ford tiene las dos puertas abiertas. Su última frase fue: «Actualmente estamos en conversaciones con nuestros socios sindicales, el gobierno regional y central en el desarrollo de este nuevo programa, y compartiremos más detalles una vez que estas discusiones hayan concluido».