Las trabas de los ayuntamientos a las renovables ponen en riesgo 7.000 empleos en la Comunidad Valenciana

El despliegue de las energías renovables ha encontrado un nuevo escollo. La licencia de obra, que la otorgan los ayuntamientos, se ha convertido en una nueva opción de veto al desarrollo de las energías limpias. Sin el beneplácito del alcalde, la instalación fotovoltaica no se puede construir y la respuesta de los promotores será beligerante.

En juego hay 7.000 empleos directos en los parques solares previstos en la Comunitat Valenciana. La pugna entre empresarios y ayuntamientos pequeños está en el horizonte.

El caldo de cultivo de la situación actual se debe al complejo sistema de autorización de instalaciones fotovoltaicas que tiene que cumplir una serie de hitos. El primero fue el 25 de enero de 2023, cuando los inversores tenían que tener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada. El siguiente es el 25 de enero de 2024, que es cuando tienen que tener el permiso de construcción.

La complejidad que tiene la normativa que afecta a las instalaciones fotovoltaicas es enorme. Hay proyectos que han recibido en las últimas semanas la DIA positiva con efecto retroactivo a 25 de enero de 2023. Su punto de conexión podría haber salido a subasta y existe controversia sobre los permisos que se otorgan una vez finalizado su plazo.

Además, aunque la mayoría de los proyectos fotovoltaicos se rigen por estas fechas hay iniciativas empresariales que empezaron a contar sus plazos más tarde de manera que su fecha límite del 25 de enero se retrasa a marzo, mayo…

Actualmente, hay 415 expedientes en tramitación de los cuales 41 están pendiente de admisión a trámite (por lo que sus plazos de autorización serán distintos). Hay 116 expedientes pendientes de información pública y 87 expedientes que no requieren de DIA porque tienen menos de 5 MW de potencia.

Además, 78 proyectos tienen la DIA admitida pero no tienen autorización para la construcción mientras 36 proyectos tienen la DIA negativa y se les tiene que devolver el aval.

Estos son los datos de instalaciones de hasta 50 MW, que son los que tienen que ser autorizados por la administración autonómica, ya que los proyectos con mayor potencia son responsabilidad del gobierno central.

La inversión proyectada en la Comunidad Valenciana en parques fotovoltaicos es de 10.000 MW, que suponen entre 8.000 y 10.000 millones de inversión con 7.000 empleos directos en la fase de construcción a los que se sumarán «más de 1.000 empleos en tareas de mantenimiento de las plantas», apuntan desde Avaesen.

Las licencias de obra generán un ingreso para los ayuntamientos de 500 millones de euros más 700 millones de euros durante los 30 años de vida de las plantas a lo que hay que sumar unos 400 millones de euros de alquiler de los terrenos arrendados para la instalación de energía limpia.

Los datos que tiene Avaesen al respecto a la evolución de la puesta en marca de estas inversiones no derrochan optimismo. «Las autorizaciones van lentas. En el último mes se han autorizado cuatro proyectos y tenemos más de 400 en cola.

El ritmo es insuficiente y el sector está preocupado», explica Pedro Fresco, director general de Avaesen y que fue director general de Transición Ecológica en el gobierno del Botánic entre febrero de 2021 y diciembre de 2022.

Desde el conocimiento que tiene del estado y condiciones que tienen los proyectos fotovoltaicos en la Comunidad Valenciana, Avaesen lanza una petición al gobierno valenciano capitaneado por Carlos Mazón: «Necesitamos que se destinen todos los recursos posibles a la Dirección General de Energía para que los expedientes puedan salir adelante».

De este modo, sostienen desde Avaesen, se agilizarían los frenos que tienen las renovables en la Comunitat Valenciana mientras los problemas con los ayuntamientos están totalmente identificados por parte de la consellería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio que dirige Nuria Montes.

Hay problemas con alcaldes de la provincia de Alicante que tendrían que dar la licencia de obra para que se iniciara la construcción del parque fotovoltaico así como dificultades en consistorios del resto de la Comunidad Valenciana donde el freno a la energía limpia se produce en los inicios de los expedientes.

Moratorias para frenar expedientes que ya estaban en marcha

En estas fases, el freno a las renovables no responde tanto a una estrategia de partido sino a voluntades locales. Hay frenos a las renovables por parte de consistorios gobernados por Compromís, por el PSOE y por el PP. «Esto es un problema gravísimo que está basado en moratorias que ellos mismos han aprobado. En algunos casos, lo están haciendo incluso con licencias de obras solicitadas antes de las moratorias, lo que es claramente una ilegalidad. Además, hay que tener en cuenta que todas estas plantas tenían una certificado de compatibilidad urbanística, que era positivo cuando empezaron a tramitar el expediente», apunta Pedro Fresco.

La autonomía local de estos dirigentes tiene un efecto boomerang. En el ámbito empresarial hay recelos de ir al juzgado por el retraso de un trámite porque se teme represalias en los siguientes pasos del expediente o futuros expedientes en los que se necesite autorización de la conselleria.

Otra cosa es un enfrentamiento con un municipio con el que la empresa de energías renovables no ha trabajado nunca y puede decidir, sin afectar a su futuro empresarial, iniciar un conflicto judicial en busca de las más cuantiosas indemnizaciones.

Desde Avaesen advierten: «Los promotores podrían acabar pidiendo responsabilidades patrimoniales a los ayuntamientos y podría darse el caso de pedir responsabilidades personales a funcionarios o a las personas que hayan hecho, con acciones cuestionables, que las plantas no salgan adelante».