El IVIE cifra en 838 millones el apoyo de Pedro Sánchez a las empresas afectadas por la DANA

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) ha presentado hoy su informe sobre el alcance económico de las inundaciones provocadas por la DANA del pasado 29 de octubre. Este análisis, realizado por un equipo de economistas e investigadores, ha apuntado que de los 15.152 millones de euros anunciados como ayudas por parte del Gobierno de España han sido 838 millones el esfuerzo real que desde la Administración General del Estado han llegado a las empresas afectadas por la DANA.

Joaquín Maudos, director Adjunto del IVIE, que ha presentado el informe con el director del instituto, Francisco Pérez, ha dicho que «de los tres paquetes que ha ido aprobando el Gobierno Central, si se quitan aplazamientos de impuestos, el ingreso mínimo vital y otras cuestiones, quedaría esta suma de dinero en ayudas directas al tejido productivo».

El 20% del stock destruido apunta a viviendas y empresas

El informe ha abordado la magnitud de las pérdidas económicas y las sitúa mucho más allá de una caída puntual del PIB. En los 89 municipios afectados por la DANA, ambos expertos han estimado que se concentra el 35% de los activos totales de la provincia de Valencia, con un valor conjunto de 85.900 millones de euros. Según los cálculos del IVIE, al menos el 20% de estos activos podrían haber sido destruidos, lo que se traduciría en una pérdida económica superior a los 17.000 millones de euros.

«El impacto es especialmente grave en infraestructuras públicas y privadas, viviendas, edificaciones comerciales e industriales, maquinaria y otros activos», ha afirmado Francisco Pérez, quién ha asegurado que la parte más afectada de ese stock han sido las viviendas, particularmente en aquellas situadas en bajos, junto con la destrucción infraestructuras valoradas en 2.900 millones de euros, según el Ministerio de Transportes y la Generalitat Valenciana.

Además, Pérez ha querido enfatizar que «los activos empresariales han sido muy afectados, sobre todo en la zona cero» y que, según Cámara Valencia y AVA-Asaja se cifra el impacto sobre el capital de las empresas en 13.300 millones de euros.

Las ayudas son clave y la infrafinanciación no ayuda

En cuanto a todas las ayudas tramitadas por las diferentes administraciones, los investigadores han subrayado que, para dimensionarlas adecuadamente, resulta «imprescindible» tomar como referencia las pérdidas de riqueza, representadas por la destrucción de activos públicos y privados: «Al final, estamos viendo que las pérdidas en activos superan ampliamente las registradas en los flujos económicos, como el Producto Interior Bruto (PIB) o la renta, que solo reflejan parcialmente el impacto del desastre», ha puntualizado Joaquín Maudos.

Asimismo, han recalcado la importancia de que las ayudas sean no solo proporcionales a los daños causados, sino también rápidas, para evitar que las consecuencias económicas se prolonguen en el tiempo: «las ayudas a fondo perdido aprobadas hasta la fecha cubren únicamente una fracción de los daños estimados«. Maudos ha cuantificado, de acuerdo con las cifras publicadas por la Airef, en 11.000 millones de euros las ayudas directas, por lo que cree que «la proporción es pequeña» en relación a las pérdidas estimadas.

En ese sentido, Francisco Pérez ha destacado que «la fragilidad de las finanzas públicas de la Generalitat Valenciana, derivada de su histórica infrafinanciación y de su posición como la comunidad autónoma con la mayor ratio deuda/PIB de España, plantea un desafío extra en la respuesta a la crisis».

Por ello, el Ivie subraya la necesidad de un apoyo financiero decisivo por parte del Gobierno central y de la Unión Europea: «Este respaldo no solo es crucial para cubrir los déficits actuales, sino también para sentar las bases de una reconstrucción efectiva que nos permita recuperar la actividad económica y garantizar la resiliencia futura frente a fenómenos similares», ha apuntado Maudos.

Una desaceleración de largo plazo

Además de las pérdidas en activos, la DANA ha provocado una desaceleración en la actividad económica de las zonas afectadas. Según el informe, los 89 municipios concentran el 40% de la población, el 35,6% de las empresas, el 30,7% del empleo y el 29,7% del PIB de la provincia de Valencia.

De hecho, tanto Maudos como Pérez han coincidido en que la interrupción de la actividad en sectores clave como el industrial, comercial y logístico tendrá un impacto significativo a largo plazo. Por ello, instan a las administraciones a que anuncien un plan de acción a medio y largo plazo para infundir seguridad y confianza a los inversores: «Es una misión imposible reubicar todo lo que hemos perdido, por tanto, es necesario ofrecer seguridad al inversor dado el peligro que suponen las inundaciones y el porcentaje de zona inundable que tenemos».

En términos de empleo, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han afectado a 30.584 trabajadores, de los cuales 14.539 pertenecen a l’Horta Sud y 13.786 a la zona cero. En esta última, los sectores más perjudicados incluyen la hostelería, con un 34,7% de sus empleados acogidos a ERTE, y las actividades artísticas y recreativas, con un 30,2%.

Hay oportunidades para los que lo han perdido todo

Al final de la presentación, tanto el director como el director adjunto han acabado con una serie de propuestas para afrontar la reconstrucción y minimizar el impacto de futuras catástrofes.

Entre estas medidas, han destacado la necesidad de aumentar la inversión en infraestructuras como la hidráulica, puesto que Maudos ha explicado que, entre 2000 y 2008, la provincia de Valencia destinaba una media anual de 200 millones de euros a estas infraestructuras. Sin embargo, a partir de 2009, esta cifra se desplomó a menos de 50 millones de euros anuales, una reducción del 75%.

Por otra parte, afirman que se deberían implementar sistemas de georreferenciación para evaluar daños con mayor precisión y diseñar indicadores para monitorizar el progreso de la recuperación económica: «Hay que crear un sistema potente de indicadores. Por ejemplo, la evolución de los trabajadores en ERTE por la DANA es un indicador disponible en tiempo real que permite identificar los sectores más afectados y, por tanto, diseñar las ayudas», ha apuntado Francisco Pérez.

Por último, Joaquín Maudos ha instado a priorizar la resiliencia económica mediante una modernización del tejido productivo valenciano: «Hay que aprovechar la reconstrucción para modernizar el tejido productivo. El 90% de nuestro PIB es en sectores de baja productividad. Y eso comporta que el PIB per Cápita sea un 14,6% inferior al de España. Eso será más factible para empresas que empiezan desde cero«.