El campo se coloca en la agenda política tras una semana de protestas, detenidos y miles de sanciones
Las protestas de agricultores han cambiado el discurso político, que ha pasado a atenderlos, pero ningún cambio es definitivo ya que Europa mantiene normas más restrictivas para la producción local que para la importada
Los tractores están ganando el relato sin que la rentabilidad agraria y su seguridad jurídica haya logrado paso alguno definitivo. Con 20 detenidos, unas 600 vías cortadas, casi 2.000 denuncias administrativas, 2.725 detenidos, 5.264 identificados para ser sancionados y 75.000 camiones afectados, la capacidad de que los tractores en la calle marquen agenda política está conseguida.
Los agricultores aseguran que las protestas iniciadas en Francia y reproducidas en España han conseguido que tanto el gobierno europeo, nacional como las distintas administraciones regionales cambien su percepción por el sector primario. La marcha de los tractores ha hecho que el campo se analice con el espacio donde se desarrolla la actividad económica de la agricultura y no como el espacio donde actuar para las políticas medioambientales.
La principal asociación de agricultores de las provincias de Valencia y Castellón, AVA-ASAJA, remarca en conversación con Economía Digital que el principal logro que están consiguiendo con el trabajo reivindicativo de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas europeas es que la Unión Europea está cambiando su “ciclo antiagrarista». Coinciden en esto organizaciones del campo tanto de Cataluña como de Andalucía consultadas por este diario.
La Asociación Valenciana de Agricultores presidida por Cristóbal Aguado asegura que «se comienza a aprobar medidas que ya no anteponen el medioambiente sobre la actividad agraria. Es un punto de inflexión que debe consolidarse antes de que se acelere el abandono de campos, se reduzca la producción de alimentos y se encarezcan aún más a los consumidores».
Sin embargo, los logros que el campo ha logrado hasta la fecha están llenos de matices. De hecho, nada sobre lo que hay ahora sólo declaraciones tiene un efecto directo o indirecto en la rentabilidad del campo. «No hay ninguna medida efectiva. Estamos en el buen camino, pero realmente, no se ha logrado nada todavía», explican fuentes de grandes empresarios del sector agrícola español.
Ramón Sarroca, presidente de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), sostiene que las tractoradas han conseguido «la discusión con la Consellería y el Ministerio para la aplicación de la estrategias del pacto verde». Sarroca asegura que este cambio del discurso político se produce «porque al estar cerca las elecciones europeas se han puesto en discusión los ecorregímenes».
La precupación en Cataluña se focaliza en el agua. Hoy se reúne la mesa agraria. «Se tendrá que configurar la utilización del agua y veremos como queda», apunta Sarroca. «Hace falta modernización del riego y gestión útil del agua», añade.
Las manifestaciones no han conseguido un efecto reacción y los logros que ahora se ponen sobre la mesa son gestionados antes de las movilizaciones o gestos políticos cuya transcendencia es relevante para el relato pero no producen cambios efectivos hasta la verdadera tramitación burocrática.
Dentro de los anuncios programados antes de las movilizaciones, por ejemplo, el anuncio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa). Ayer firmó tres acuerdos de 68,6 millones de euros en Huesca para la modernización hídrica y energética de 13.704 hectáreas del Alto Aragón.
En el segundo grupo de triunfos, los del relato, está el rechazo al acuerdo de Mercosur expresado por el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic. Sin embargo, fuentes del sector recuerdan: «Francia ya vetó el acuerdo antes de las protestas y si uno de los estados miembros veta un acuerdo, no sale».
Pese a los matices, las señales van toda hacia la dirección que busca el campo. Ignacio Fernández Mesa, presidente de Asaja Córdoba, afirma: «Estamos hablando de un tema Europeo, Hay siete países haciendo frente a Bruselas y a sus propios gobiernos y las algunas cosas ya han salido. Algunas son palabrerías del Gobierno español y otras son cosas cogidas con alfiler por la Comisión Europea».
Aun dando por hecho que se tienen intenciones y no hechos, la visión desde Andalucía remarca la importancia de evitar la firma de Mercosur. «Impedir el acuerdo de Mercosur es importante ya que Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay tienen potencial para hacer mucho daño porque no tienen las restricciones que tenemos aquí», indice Ignacio Fernández Mesa.
Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía, incide en la necesidad de mantener la «unidad de acción». Se remonta al 5 de septiembre de 20023, cuando en Córdoba «hicimos una manifestación con los ministros de agricultura Europeo en uno de los actos de la presdencia española de la Unión Europea». El objetivo es mantener la tensión reivindicativa.
«Es un logro que se ha cambiado el relato en un tiempo corto y el objetivo es que cambie realmente la situación», apunta UPA Andalucía, que tiene en su objetivo a la distribución alimentaria. «Pedimos que se regule el porcentaje de margen que tienen los distribuidores«, señalan.
Los objetivos en los que todos los agricultores coinciden tienen dimensión europea. El problema fundamental es la desigualdad frente a los países terceros. La repetida «reciprocidad» que en la Comunidad Valenciana con la naranja y su comparativa con Sudáfrica se ha repetido de manera constante por organizaciones agrarias y grandes exportadores como los agrupados en el Comité de Gestión de Cítricos es la clave de todas las peticiones.
La reciprocidad consiste en que los mismos requisitos que tiene que cumplir un agricultor europeo para vender en Europa sean cumplidos por el resto de países terceros. El concepto encaja claramente cuando se habla del acuerdo de Mercosur pero afecta también directamente a aspectos como la retirada del reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios, la renovación del glifosato hasta 2033 o el rechazo al triciclazol en los arroces importados.
Otro apartado de reivindicaciones tiene un enfoque más tecnológico. Pedro Barato, presidente de Asaja, lo resumen en que «Europa tiene que dejar de tocar las narices a los agricultores y ganadores». El ejemplo para entenderlo que puso ayer el presidente de Asaja fue: «Es absurdo el cuaderno digital cuando no tenemos cobertura en zonas de Ciudad Real».
El debate político
Tal y como recogen la agencia EFE en diversos teletipos, el debate sigue en la arena política: la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado a Vox de intentar manipular a los agricultores para tratar de capitalizar las protestas mientras el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aprecia «intencionalidad política» en la marcha de tractores que prevé llegar a Ferraz este sábado. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha convocado para el próximo 13 de febrero a las organizaciones agrarias para tratar el «problema de la mano de obra» en el campo y ha cifrado en 100.000 los empleos perdidos en este sector en diez años.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estuvo en Mazaricos (A Coruña) hablando con agricultores y ganaderos acerca de la problemática del lobo, la fiscalidad medioambiental y los costes de producción mientras el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al Ejecutivo «decisiones rápidas, certeras y determinantes».
El grupo parlamentario Vox en las Cortes de Aragón abogó ayer por la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030 mientras que el PSOE rechazó en el Gobierno de Castilla-La Mancha el plan de apoyo y defensa de la ganadería planteado por el PP a través de una Proposición No de Ley (PNL) en el pleno. El Parlamento Vasco, por su parte, se ha comprometido a seguir trabajando, en el marco de sus competencias, para mejorar la rentabilidad del sector primario y garantizar su futuro.
Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, sufrió un «escrache» de agricultores a las puertas de su casa dos días después de que asegurase no compartir las reivindicaciones de los agricultores en lo que compete a su comunidad. La presidenta del Parlamento catalán, Anna Erra, se reunió ayer con un grupo de agricultores independientes.
Las reuniones políticas buscan reducir la conflictividad en las calles. Los agricultores italianos de la asociación «Riscatto Agricolo» anunciaron ayer la reducción de su protesta de hoy en el centro de Roma a la espera de reunirse el sábado con el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida. Mientras tanto, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante anunció ayer la convocatoria de una movilización para el próximo día 16 para reivindicar «una nueva PAC».
Conseguido que el debate político hable de los tractores, la previsión hoy de cuánto durará la protesta oscila entre «semanas» o no contestar porque es un cuestión que no ha llegado al debate agrario.