El Consell se queda corto: amplía hasta enero los plazos para ayudas y anticipa 42 millones antes de 2024
Se destinan 102 millones de euros en 2024 para atender con mayor rapidez las solicitudes por la pérdida de bienes de primera necesidad
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El Consell de Mazón ha aprobado una modificación del Decreto 163/2024 para agilizar la concesión de ayudas directas destinadas a paliar la pérdida de bienes de primera necesidad provocada por la riada. La nueva normativa amplía el plazo de presentación de solicitudes hasta enero de 2025 y redistribuye el presupuesto para anticipar 42 millones de euros adicionales en 2024, elevando la dotación de este año a 102 millones. Sin embargo, la magnitud de las solicitudes apunta que estas medidas son insuficientes frente a la magnitud de los daños, que asciende a 13.316 millones de euros.
Según el nuevo decreto, el plazo para los municipios inicialmente incluidos se extiende del 16 de diciembre al 2 de enero de 2025. Para los diez municipios añadidos tras la resolución del 19 de noviembre -Carcaixent, Castelló, Chulilla, L’Ènova, Manuel, Millares, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Senyera y Tous- el plazo se amplía hasta el 20 de enero. Además, el Consell ha incluido a los mutualistas en las ayudas de 100 millones para el mantenimiento del empleo
La medida busca dar más margen a los damnificados para tramitar las ayudas, que han acumulado un volumen de solicitudes sin precedentes en las últimas semanas: «Nos hemos quedado cortos y tenemos que estar continuamente evaluando la situación», ha afirmado la vicepresidente y portavoz del Consell, Susana Camarero.
El presupuesto total sigue en 200 millones, pero no se descarta una ampliación
El presupuesto total de las ayudas alcanza los 200 millones de euros, de los cuales 102 millones se desembolsarán antes de fin de año. El Consell pretende resolver la mayor parte de los expedientes en diciembre, dejando 98 millones para el ejercicio 2025. Esta redistribución busca acelerar los pagos en un contexto de alta demanda, pero también pone de manifiesto las dificultades de gestión ante la magnitud del desastre.
Además de la ampliación de plazos y el ajuste presupuestario, el decreto incorpora nuevas medidas para reforzar el control y la verificación de datos. El órgano gestor podrá acceder a información de identificación, catastro y residencia para certificar la afectación de las viviendas y evitar posibles fraudes en la solicitud de ayudas. Asimismo, se podrán realizar verificaciones de titularidad de cuentas bancarias para garantizar la correcta recepción de los fondos.
El Consell ha defendido que estas modificaciones responden a la necesidad de agilizar la gestión y atender el elevado número de afectados. Sin embargo, el reto administrativo sigue marcando el debate. Con esta redistribución, más de la mitad de las ayudas prometidas estarán disponibles este diciembre, aunque el impacto real de estas medidas dependerá de su capacidad de ejecución en las próximas semanas.
