Benidorm se suma al convenio para inspeccionar pisos turísticos y sancionar los ilegales

El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este lunes en sesión plenaria su adhesión al convenio impulsado por la Generalitat Valenciana para llevar a cabo inspecciones en viviendas de uso turístico e imponer sanciones a aquellas que operen de manera ilegal.

La medida ha contado con el respaldo de los 16 concejales del gobierno local del PP y el edil de Vox, mientras que el grupo municipal socialista se ha abstenido en la votación. El PSPV-PSOE ha justificado su posición argumentando que el convenio supone «una dejación de funciones por parte de la Generalitat» y señalando que el Ayuntamiento «no dispone de recursos suficientes para garantizar una inspección adecuada».

Ante estas críticas, la portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha asegurado que el Ayuntamiento reforzará su capacidad inspectora incrementando la plantilla de la Policía Local con la convocatoria de 20 nuevas plazas. «Habrá más medios materiales y personales para cumplir eficazmente con esta nueva responsabilidad», ha señalado Caselles.

Los técnicos municipales están coordinados

Asimismo, la portavoz ha informado de que técnicos municipales ya han mantenido diversas reuniones con representantes de la Conselleria y otros ayuntamientos interesados, con el objetivo de que «esta delegación de competencias sea efectiva en el menor plazo posible».

Una vez asuma formalmente esta tarea, el Ayuntamiento de Benidorm se compromete a elaborar una memoria trimestral en la que se recojan las denuncias presentadas, los expedientes abiertos, la resolución de estos y las sanciones impuestas.

Desde el departamento de Arquitectura del consistorio también están trabajando en una ordenanza específica para regular el funcionamiento de las viviendas turísticas, buscando proporcionar seguridad jurídica y reforzar la oferta alojativa siempre dentro del marco normativo vigente.

Benidorm adelanta a Alicante

Con esta adhesión, Benidorm se posiciona como una de las primeras grandes ciudades de la Comunitat Valenciana en asumir estas competencias y comenzar a ejercer una labor activa de control sobre los alojamientos turísticos ilegales.

En el caso de Alicante, su alcalde, Luis Barcala, aún no ha solicitado las competencias para poder inspeccionar y sancionar el alquiler de corta temporada, mientras que la capital del Turia ya las ha asumido y la de la Costa Blanca lo hará esta semana.

Por otra parte, el pleno también ha aprobado por unanimidad un acuerdo para financiar la mejora y renovación de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales. Esta actuación supondrá una inversión total de 14.520.000 euros y permitirá resolver deficiencias en infraestructuras eléctricas y estructurales, además de mejorar la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del municipio.