Los agricultores de Alicante reclaman un plan de choque para hacer frente a la crisis del limón

Asaja Alicante ha emplazado a la Conselleria de Agricultura a impulsar de manera urgente un plan de choque enfocado al limón, un cultivo que representa la mitad de la renta agraria de la provincia. Según han denunciado los agricultores, el limón está atravesando una grave crisis que los está empujando a abandonar los cultivos por no poder darles salida comercial.

«Ni siquiera podemos cortarlos del árbol pues nos supone un coste imposible de asumir», ha afirmado el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, quien también ha hecho hincapié en que la problemática es más significativa en la comarca de la Vega Baja, donde se cultiva el 40% de la producción de limón a nivel estatal.

Ante este complicado contexto, han afeado al Gobierno y a la Comisión Europea que no velen por el porvenir de la agricultura y legislen contra el sector «imponiendo restricciones que limitan su desarrollo». Según ha desgranado la organización, el plan habría de contemplar medidas excepcionales como ayudas directas a los productores que han perdido la cosecha, ayudas fiscales y líneas de financiación específica.

«Como poco, este plan debería contribuir a que los agricultores que han perdido miles de euros puedan tener la capacidad de aguantar sin tener que abandonar sus huertos», ha valorado Andreu, a la vez que ha incidido en que el cultivo de limón requiere de «una solución estructural que pasa por garantizar el cumplimiento de contratos más justos para evitar abusos».

Las demandas de los agricultores

Uno de los puntos que habría de recoger el plan, a ojos de los agricultores, son las ayudas directas a productores, que habrían de articularse a través de un Decreto Ley específico. Las prestaciones deberían estar orientadas a los años por adversidades climatológicas ocasionadas y no cubiertas por el seguro agrario, que compense los costes de producción no recuperados por los agricultores y que limite las pérdidas, similar a la de la cereza u otros cultivos castigados por la sequía o la guerra de Ucrania.

Las medidas también deberían estar orientadas a garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria. Para ello, emplazan a la Conselleria y el Ministerio de Agricultura a homologar un contrato en el que se establezca un precio mínimo de coste consensuado con la sectorial del limón. De esta manera, consideran que se evitarían las prácticas desleales que han tenido lugar durante esta campaña por parte del comercio y la industria.

A la vez, instan a impulsar líneas de préstamos bonificados específicos para productores a través del Instituto Valenciano de Finanzas y la GVA, con un tipo de interés al 0%, y alguna proporción del crédito subvencionada. Asimismo, son partidarios de aplicar ventajas fiscales, como una rebaja de módulos, con índice cero para el ejercicio del IRPF 2024 o la condonación de la Seguridad Social durante 12 meses.

Una campaña «ruinosa»

«Teníamos una buena cosecha, pero las distintas granizadas, y la plaga de la Pulvinaria nos las han dañado, lo que nos lleva a una situación de mercado compleja, a la que se han sumado problemáticas como el incremento del coste del agua por la desalación, la subida del SMI y una Ley de la Cadena Alimentaria que se ha quedado en papel mojado para las frutas en fresco, que ha terminado por arruinar a los agricultores de limón de la Vega Baja», han lamentado los agricultores.

Además, han puesto el foco sobre el incremento de la entrada de fruta de terceros países, sobre todo de Turquía, así como las «prácticas desleales» llevadas a cabo por la industria, que se ha llevado limones en concepto de destríos a precio cero que ha acabado vendiendo en fresco. Esta práctica ha «exprimido» a los agricultores, que se sienten desprotegidos ante la incapacidad de negociación y la pérdida de valor económico de sus producciones.