Los agricultores valencianos denuncian un nuevo asalto a pozos en Silla

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha denunciado un nuevo asalto en la Comunidad de Regantes del Remei. Se trata de una de las más importantes por extensión, con más de 70 hectáreas de cultivo, y un número de agricultores más elevado, con 200 comuneros, en la huerta de Silla.

Tras advertir que la oleada de robos y asaltos a instalaciones de riego agrava el clima de inseguridad en el medio rural y eleva el malestar en el sector agrario, al coincidir además con un año extremadamente seco que requiere un mayor uso de los pozos, ha cifrado que el suceso comportará un impacto económico de 12.000 euros.

Según se desprende de la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil, los regantes vieron a primera hora de la mañana la puerta exterior entreabierta, lo cual les llamó la atención, y al acercarse vieron que el cerrojo estaba totalmente fracturado. En el interior los asaltantes habían roto otras dos puertas para acceder al transformador para desmantelarlo y arrancar los cables de cobre, dejándolo inutilizado en plena época de riego.

200 agricultores afectados

El presidente de AVA-ASAJA, José María Carbonell, ha concretado que el delito afecta a 200 agricultores que emplean el motor para regar, principalmente, cítricos, caquis y hortalizas.

«Aún estamos realizando las reparaciones oportunas porque no encontramos transformadores de las mismas características y hemos tenido que adquirir un transformador de segunda mano que, al ser más grande, nos obliga a modificar una pared del recinto», ha subrayado.

También ha destacado que, si finalmente no pueden mantener el mismo cerrojo, habrán de facilitar nuevas llaves a todos los comuneros, con el trastorno que ello supone.

Los robos ocasionan pérdidas de 30 millones

Los robos cometidos en el sector agrario de la Comunitat Valenciana alcanzaron los 30 millones de euros de pérdidas en el último año, superando en un 20% los perjuicios del ejercicio precedente, según las estimaciones de la organización.

En este contexto, ha emplazado al Gobierno que amplíe la vigilancia en las explotaciones y los centros de recepción de las mercancías robadas mediante la aplicación de nuevas tecnologías, pero también ha insistido en endurecer el Código Penal para que se apliquen penas más duras por la acumulación de hurtos en el medio rural.