Zaplana, condenado a 10 años de prisión y 25 millones de multa por el cobro de comisiones en el ‘caso Erial’

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha sido condenado a 10 años y cinco meses de prisión por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales en el marco del llamado ‘caso Erial’, tras declarar probado que percibió comisiones por la adjudicación entre 1997 y 2003 de estaciones de ITV de la Comunidad Valenciana y las canalizó a través de una compleja estructura societaria tanto en España como en países como Panamá o Luxemburgo.

En concreto, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha impuesto esta pena al también exalcalde de Benidorm, además de 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, otros tres para el ejercicio de su profesión y multas por un importe superior a los 25 millones de euros.

El tribunal ha absuelto al exministro de Trabajo y Servicios sociales y portavoz del Gobierno de José María Aznar del delito de grupo criminal pero decreta el comiso de diferentes bienes y cuantías intervenidas durante la instrucción de la causa.

La Sala también ha condenado a otros cinco acusados a penas de entre un año y tres meses y siete años y medio de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales.

Se trata de los empresarios Vicente y José Cotino, familiares del ex director general de la Policía y exconseller de la Generalitat ya fallecido Juan Cotino, y Francisco Pérez; el abogado y asesor fiscal Francisco Grau y el amigo de Zaplana que actuó como su testaferro Joaquín Miguel Barceló.

Los ocho acusados restantes han sido absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos o por no apreciar pruebas que sustenten una condena. Entre los absueltos figura el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas. La sentencia, que consta de 364 páginas, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

El ‘caso Erial’

El Tribunal considera probado que Eduardo Zaplana cobró comisiones por las adjudicaciones de estaciones de ITV entre finales de los años 90 y principios de los 2000 merced a los pactos que había suscrito con el empresario ya fallecido y también político Juan Cotino, tío de Vicente y José Cotino.

Igualmente, la Sala declara probado en su resolución que el expresidente de la Generalitat diseñó con la ayuda de varios colaboradores o se aprovechó de una compleja estructura societaria para canalizar los fondos recibidos, tanto en España como en países como Panamá o Luxemburgo, al igual que utilizó para ello cuentas bancarias abiertas en Andorra.

Según se recoge en la sentencia, existió en cuatro sociedades “una unidad de acción y dirección” merced a la cual fueron utilizadas por Zaplana y otros dos acusados “de una manera coordinada” con el “propósito finalista de permitir de repatriación y uso de fondos provenientes” de otra mercantil, Imison Internacional SA, “pero velando siempre la verdadera titularidad de los mismos”.

El expresidente de la Generalitat era el “titular real o último beneficiario” de esos fondos con los que, utilizando otras sociedades, efectuó disposiciones en efectivo o inversiones inmobiliarias, tal y como apuntan los magistrados.

En cambio, respecto a la adjudicación por lotes de los parques eólicos de la Comunidad Valenciana, los magistrados no aprecian pruebas incriminatorias suficientes que permitan afirmar que Zaplana y Juan Francisco Grau. intervinieran en el trámite administrativo del proceso de adjudicación a cambio de una contraprestación económica para satisfacer a Vicente y José Cotino.

Mazón: «No me resulta indiferente»

Tras conocer este fallo, el actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que no le resulta «indiferente» esta sentencia, al tiempo que ha abogado por «respetar las resoluciones judiciales, además en un momento en el que no es firme».

Respecto a las críticas del PSPV, Mazón ha subrayado: «Creo que el PSOE tiene asuntos muy graves en estos momentos encima de la mesa, muy graves, como para dar lecciones de etapas ni de sentencias. Deberían demostrar el mismo respeto que mostramos los demás. Yo vengo demostrando respeto por todas las resoluciones judiciales que se están produciendo estos días, con casos muy graves para el PSOE. No le voy a devolver al PSOE con la misma moneda porque no me parece adecuado».

Respecto a su relación personal con Zaplana, el jefe del Consell ha insistido en que no le resulta «indiferente» que se condene a un expresidente de la Generalitat y ha vuelto a pedir «respetar» este proceso que «aún no es firme» y «más allá de los sentimientos de cada uno».

Preguntada al respecto de esta sentencia, Ruth Merino, portavoz del Consell, ha asegurado su “respeto a los procedimientos judiciales de una sentencia que todavía no es firme”.

El PSPV: «Mazón es el hijo político de Zaplana»

Por su parte, desde el PSPV-PSOE han apuntado que esta sentencia “es una condena a una manera de hacer política corrupta” y ha asegurado que “(Carlos) Mazón es el hijo político de Zaplana y su alumno aventajado”.

Así se ha manifestado este martes el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, en declaraciones a los medios de comunicación durante las que ha insistido en que “la condena a diez años de cárcel al ‘expresident’ y padrino político de Mazón, Eduardo Zaplana, es también una condena a una forma de hacer política de la que, lamentablemente, el señor Mazón se ve reflejado”. 

En este sentido, el dirigente socialista ha afirmado que “el zaplanismo 3.0 está volviendo a campar a sus anchas por nuestra tierra” y ha recordado que “Zaplana estableció un régimen de corrupción en la Comunitat Valenciana de la mano de personajes ilustres como la familia Cotino”.

Además, ha subrayado que “las leyes que está aprobando el Consell de Mazón y el desmantelamiento de los instrumentos contra la corrupción que se pusieron en marcha durante los gobiernos del president Puig son el paso previo a la creación de una autopista a la corrupción”. 

Con todo ello, Muñoz ha anunciado que a la fiscalización de la adjudicación y los contratos del festival ‘Som de la Terreta’ se suma ahora que “los socialistas valencianos hemos solicitado a la Generalitat que nos facilite todos los contratos y expedientes relativos a la celebración del 9 d’Octubre en el Palau, especialmente la contratación de Francisco”. “El Partido Popular nos tuvo en frente cuando denunciamos a Zaplana y nos tendrá ahora en la fiscalización de la política de Mazón”, ha concluido.

Por su parte, desde Compromís han vuelto a registrar en Les Corts la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el proceso de privatización, adjudicación y gestión del servicio de ITV y las adjudicaciones relativas al Plan Eólico vinculadas al cobro de comisiones ilegales por parte de Zaplana.