La patronal de pisos turísticos recurre la suspensión de licencias impulsada por Catalá

La Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (Aptur CV) ha presentado un recurso contra el Ayuntamiento de Valencia de María José Catalá por la suspensión de licencias para nuevas viviendas de uso turístico (VUT) al considerarlo «una medida desproporcionada y carente de justificación sólida».

La patronal de pisos turísticos, que forma parte de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), denuncia que el consistorio sigue una política «de los cinco candados, de ignorar los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, y de basarse en suposiciones injustificadas y arbitrarias».

El recurso se acompaña de un dictamen pericial elaborado por la consultora especializada en Big Data y Location Intelligence inAtlas que, argumenta esta asociación, «desmonta categóricamente los argumentos del Ayuntamiento con datos precisos», entre los que destacan que el 75% de las viviendas de uso turístico registradas entre 2018 y 2024 se sitúan en locales comerciales transformados, por lo que niegan que se produzca «cualquier impacto negativo en la vivienda».

Además, este informe encargado por Aptur CV sostiene que el 62,7% de esos locales llevaban más de cinco años cerrados antes de su cambio de uso. En esta línea, destaca que solo 363 VUT se localizaron en viviendas en ese periodo, por lo que representaría «menos del 1% del parque de viviendas vacías de Valencia». «A esto se suma que la ciudad de Valencia ha invertido en vivienda 35,54€ por habitante en los últimos ocho años, ocho veces menos y a la cola de las ocho principales ciudades de España, que gastaron de media 293,89€ por habitante», añaden.

«Es imprescindible que las decisiones que afectan a nuestra ciudad se basen en datos reales y hechos objetivos, no en un relato infundado que ignora la realidad social de Valencia,» ha afirmado la presidenta de Aptur CV, Silvia Blasco. «La moratoria está totalmente injustificada y es arbitraria. Con esta medida, el Ayuntamiento de Valencia está actuando de forma irresponsable y mintiendo a la ciudadanía sobre las verdaderas causas del problema de vivienda en nuestra ciudad”, ha agregado.

En el recurso también se afirma que los informes en los que se ha apoyado el Ayuntamiento para justificar la suspensión «presentan deficiencias técnicas notables», según la consultora inAtlas. Estos fallos metodológicos «generan conclusiones sesgadas que no reflejan la realidad del impacto de las VUT», según APTUR CV.

A su vez, la asociación subraya que, en 2024, las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos generaron un impacto económico de 830 millones de euros en la ciudad, acogieron a 1.370.000 personas y crearon cerca de 4.000 empleos directos e indirectos en Valencia capital.

Aptur CV también acusa al Ayuntamiento de Valencia por la «ausencia de un periodo de información pública previo a la suspensión», y subraya «una falta de transparencia y de compromiso con los ciudadanos y las entidades afectadas».

La asociación confía en que este recurso impulse «una revisión de las políticas en todo el territorio autonómico, garantizando que todos los actores del sector turístico sean escuchados y que las regulaciones se implementen de manera proporcional y justa».