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March (Culmia) y Rojas (Santander) piden que se gestione suelo frente el ‘drama’ habitacional tras la DANA
La mesa subrayo la urgencia de adaptar la normativa urbanística y agilizar la gestión del suelo para responder a la crisis habitacional
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La reconstrucción tras la DANA del 29 de octubre sigue siendo uno de los principales retos en la Comunitat Valenciana, especialmente en materia de vivienda. Durante el foro ‘La reconstrucción’, organizado por Economía Digital, diversos expertos del sector inmobiliario coincidieron en señalar la necesidad de acelerar los procesos administrativos para facilitar el acceso a la vivienda y poner en marcha nuevas promociones en tiempo récord.
Entre ellos, José March, director territorial este de Culmia, y Rubén Rojas, delegado territorial Levante de LandCo – Grupo Santander, subrayaron la urgencia de adaptar la normativa urbanística y agilizar la gestión del suelo para responder a la crisis habitacional generada por la catástrofe y que ya estaba muy presente antes de que sucediera.
Cinco años sin poder empezar las obras
José March destacó que la falta de suelo disponible es uno de los mayores problemas a la hora de afrontar la emergencia habitacional, y que la DANA ha agravado aún más la situación: “Antes del desastre ya teníamos un problema de acceso a la vivienda, y ahora la emergencia es aún mayor. La solución pasa por flexibilizar el uso de suelos dotacionales que llevan décadas sin desarrollar para convertirlos en vivienda asequible”.
El directivo de Culmia señaló que la administración autonómica ha dado los primeros pasos en esta dirección, pero insistió en que los procesos siguen siendo demasiado lentos. “No podemos esperar años para desbloquear y gestionar estos suelos cuando hay familias que lo han perdido todo y necesitan una solución inmediata”, añadió.
Por su parte, Rubén Rojas puso el foco en la excesiva burocracia que ralentiza la transformación del suelo en España. “Tenemos 36 desarrollos prioritarios en Levante que permitirían construir 25.000 viviendas, pero cinco años después de iniciar los trámites, todavía no hemos podido empezar las obras de urbanización en ninguno de ellos”, denunció.
Según el delegado de LandCo, el principal problema es la falta de coordinación entre administraciones. “No existe un órgano único que pueda acelerar los informes y permisos necesarios. Nos encontramos con que distintas entidades públicas imponen requisitos contradictorios, lo que bloquea los proyectos durante años”, lamentó.
Una necesidad acuciante
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, también participó en la mesa de debate y expuso la dramática situación que vive su municipio. “Tenemos más de 400 viviendas afectadas y alrededor de 100 familias en situación de emergencia habitacional. La Generalitat y el Ayuntamiento estamos haciendo un esfuerzo enorme para dar acceso a viviendas de la Sareb, pero la demanda sigue siendo superior a los recursos disponibles”, explicó.
Folgado insistió en que es imprescindible que las administraciones locales puedan actuar con mayor rapidez. “Los contratos de emergencia han permitido atender algunas necesidades urgentes, pero la vivienda también debería considerarse una emergencia en situaciones como esta. Necesitamos herramientas que nos permitan ofrecer soluciones inmediatas a las familias afectadas”, reclamó.
En ese sentido, el presidente de la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova), Antonio Olmedo, respaldó esta visión y subrayó la importancia de fomentar la colaboración público-privada para acelerar la construcción de nuevas viviendas. “No hay oferta suficiente y la burocracia nos está ahogando. Tenemos que encontrar un equilibrio entre regulación y agilidad si queremos evitar que esta crisis habitacional se prolongue en el tiempo”, advirtió.
El dinero no solo va para las carreteras
Otro de los aspectos clave abordados en el foro fue la financiación de los proyectos de vivienda tras la DANA. José March apuntó que, si bien se han destinado fondos para infraestructuras, la vivienda sigue sin recibir el mismo nivel de inversión. “No puede ser que el dinero solo llegue para carreteras y puentes. Si queremos garantizar el derecho a la vivienda, necesitamos financiación pública específica para ello”, reclamó.
En este sentido, Rubén Rojas destacó que el sector privado está dispuesto a participar en proyectos de colaboración público-privada, pero advirtió que deben ser económicamente viables. “Si queremos atraer inversión para desarrollar viviendas de alquiler asequible, tiene que haber rentabilidad. Es fundamental que la administración entienda que la vivienda debe tratarse como una infraestructura pública en la que se invierta a largo plazo”, concluyó.
El debate dejó claro que la reconstrucción tras la DANA no puede limitarse a reparar lo destruido, sino que debe servir para repensar el modelo urbanístico y normativo de la Comunitat Valenciana. La urgencia de las soluciones, la agilidad en la gestión del suelo y la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones fueron algunas de las principales conclusiones de un foro que puso sobre la mesa los retos pendientes en materia de vivienda.
