Los inquilinos del edificio del incendio de Campanar se enfrentan a los propietarios en pleno desescombro

El tan fugaz como destructivo incendio del edificio del barrio de Campanar de Valencia ha dejado, además de los enormes costes personales -diez fallecidos- y materiales, una herida que cada vez se hace más grande entre propietarios e inquilinos de los inmuebles calcinados. El enfrentamiento ha llegado a los juzgados y la voluntad de los alquilados de subir a sus antiguas casas ante la negativa de la comunidad de propietarios motiva el último gran choque entre ambos colectivos.

Los arrendatarios, cuyos contratos de alquiler quedaron resueltos desde el momento en el que se declaró en ruinas el edificio, se han organizado junto a algunos propietarios en torno a la Asociación de Residentes Damnificados por el Incendio de Campanar (Ardic), mientras que los dueños de los pisos se han aglutinado bajo las siglas Aproicam, la Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar.

En la parte judicial, con todos ellos personados, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia dictó un auto a finales del mes de junio en el que ordenaba al juzgado reabrir la causa por el incendio de dos bloques de viviendas en el barrio valenciano de Campanar, en el que el pasado mes de febrero perdieron la vida diez personas -con mayoría de inquilinos- y que dejó a cientos de familias sin casa. En total, ardieron 138 pisos.

En dicha resolución, la sala estimó la apelación de los afectados contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 9 de València de sobreseer provisionalmente las actuaciones, que acordó el 8 de marzo y que la misma instancia confirmó el 2 de abril.

El instructor adoptó esta decisión al descartar la Policía un origen delictivo en el fuego y con un informe inicia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, que comunicó el 6 de marzo al juzgado que las primeras investigaciones permitían descartar el origen criminal o delictivo del incendio de los edificios de la calle Rafael Alberi, número 2, de València. Sin embargo, tanto Fiscalía como partes personadas en el procedimiento como Ardic y Aproicam recurrieron esta decisión y lograron su propósito.

Este es probablemente el único punto en el que ambos colectivos van de la mano, puesto que los desencuentros se han ido sucediendo con el destino del dinero recaudado en las campañas de crowfunding y actos de recaudación que se iniciaron inmediatamente después del fuego y que se prolongaron en el tiempo.

En síntesis, los propietarios consideran que el dinero debe ir a parar únicamente a la reconstrucción del edificio, de sus propiedades, mientras que desde Ardic consideran que ellos también son afectados y que se cambiaron las reglas en medio de la recaudación solidaria.

El desencuentro ha sido la constante desde entonces y el Juzgado ya no solo debe centrarse en las pesquisas para averiguar qué ocurrió y si existen responsables, sino que la batalla entre estos dos colectivos ha llegado también al despacho del magistrado.

La (otra) batalla legal

Fuentes legales de Ardic explican a Economía Digital que el 26 de marzo los inquilinos se pusieron en contacto con la Administración del edificio para solicitar acceder a las que eran sus casas con el fin de ver si podían recuperar alguna pertenencia o simplemente como un último acto de duelo ante todo lo que perdieron en el incendio, a lo que les respondieron pidiendo un listado con los interesados en subir a los pisos.

«No nos contestaban y mandamos un burofax el 2 de abril y un segundo el 26 de mayo, a los que no nos respondieron. Acudimos al juez y dictaminó que, tras la conclusión de las pesquisas en el edificio, dependía de la comunidad de propietarios esta decisión», señalan a este diario desde Ardic.

Los propietarios recurrieron esta decisión y la Audiencia Provincial deberá pronunciarse sobre esto, previsiblemente, el 31 de octubre. Sin embargo, existe un problema añadido. Las tareas de desescombro, tras el visto bueno del Ayuntamiento de Valencia y tal como anunció Aproicam, comenzaron el pasado lunes, cuando los inquilinos todavía no han recibido una respuesta sobre si pueden volver a sus antiguos hogares una última vez.

Ante esta situación de angustia, desde Ardic han solicitado de forma urgente al magistrado que instruye esta causa que se paralicen los trabajos de desescombro y esta cuestión deberá resolverse antes del pronunciamiento esperado para el 31 de octubre, o ya puede no quedar nada a donde volver.