MWC: los expositores forzarán a la GSMA a una negociación a la carta

Ni los contratos del Mobile World Congress (MWC) están blindados ante el coronavirus ni el organizador quiere pagar a los asistentes que no se retiraron  — la gran mayoría — pese a la espiral alarmista. Ante esta situación, a John Hoffman, presidente de la entidad organizadora, no le queda otra salida que negociar con cada una de las expositoras que han pagado más de 1.000 euros por metro cuadrado de espacio que iban a ocupar en Fira de Barcelona.

La cerrazón que visualizó Hoffman, quien no hizo ninguna autocrítica sobre el papel de su organización en el fallido intento de frenar la histeria colectiva, demostró que ambas partes, GSMA y empresas, tendrán que sentarse para decidir los términos de la próxima edición de la feria mundial de móviles, ya confirmada para 2021 en Barcelona, donde lleva celebrándose desde 2006.

La clave para Hoffman, que estuvo acompañado por Mats Granryd, el director general de la GSMA, es defender a toda costa que lo sucedido se debió a «una causa de fuerza mayor», ya que legalmente este extremo libera de toda responsabilidad por daños fortuitos que están fuera del control de los organizadores. Se trataría de igualar la magnitud de la crisis del coronavirus a la de un conflicto bélico o un incendio.

Negociar es la salida más lógica, después de que la gran mayoría de empresas con stands en el Mobile  — más de 2.000 — hayan pagado grandes cantidades de dinero por un espacio que no van a utilizar hasta el año que viene y no están dispuestas a pagar de nuevo. Y es que la cifra de toda la superficie, que alcanza los 120.000 metros cuadrados, supone un pago que supera los 130 millones de euros. No son contratos individuales los que ahora se examinan con lupa, sino estándares, pero la negociación de los términos dependerá de la fuerza de cada empresa.  

«Vamos a esperar a la GSMA. Si no nos paga, reclamaremos», dicen desde una empresa expositora española que llegaba al MWC desde fuera de Barcelona y que ha pagado ya por la reserva del transporte y el alojamiento. «El precio del billete de tren lo recuperamos porque los tenemos reembolsables. Pero el hotel lo perdemos», explica, pues la mayoría de establecimientos, aprovechando la sobredemanda, no permitían cancelaciones durante la última semana de febrero.

Y es que en el montante de las reclamaciones que los expositores pueden pedir a la GSMA hay mucho más que el coste del alquiler del espacio. Las empresas ya habían contratado o reservado todos los servicios, o la gran mayoría —construcción del stand o transporte privado para desplazarse por la ciudad—, de cara a su participación en la feria de móviles. 

La GSMA solo se ha puesto en contacto con las empresas afectadas para informarles de que el Mobile World Congress 2020 se cancela

«La GSMA no va a estar dispuesta a devolver el dinero por los stands. Es su principal fuente de ingresos», dice otra fuente, que recuerda que la factura se paga una vez queda acordado el espacio para el año siguiente —acostumbra a ser nada más termina una edición—, reservando prácticamente la misma superficie. El pago: el 20% en un primer momento y el resto ocho meses después.

El Gobierno pone en aprietos a la GSMA

La situación es complicada para la GSMA. El miércoles por la tarde, antes de celebrar la reunión extraordinaria del consejo, Hoffman sabía que no tenía otra salida que cancelar el MWC, pero aún así se revolvió lo máximo posible. Finalmente tuvo que reconocer que era imposible celebrar el evento, contradiciendo sus propias declaraciones de una semana antes, cuando afirmó que el impacto del coronavirus sería limitado.

¿Y ahora? El Gobierno le ha hecho la cama. Las palabras pronunciadas por la vicepresidenta Carmen Calvo, que descartaba el coronavirus como motivo de la suspensión del MWC el mismo día que Hoffman tenía que dar la cara ante la prensa, ponía de manifiesto los diferentes intereses que distanciaban a organizadores, empresas e instituciones. 

La postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha marcado los tiempos de la GSMA, que sabía que la administración no podía blindarle ante futuras reclamaciones a través de la declararación de alerta sanitaria. No había motivos: ni se ha detectado un solo caso de coronavirus en la península ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado el riesgo de pandemia global. 

Distinto era el parecer de las instituciones catalanas, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona. Querían que el MWC siguiera adelante por el enorme impacto económico que supone para la ciudad, con cerca de 500 millones de euros de ingresos para las arcas y la creación de aproximadamente 14.000 puestos de trabajo.