Una trabajadora de Mercadona logra la incapacidad permanente a pesar de la negativa de la Seguridad Social

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado a favor de una trabajadora de Mercadona al reconocerle el derecho a percibir una pensión por incapacidad permanente total, tras haber sido despedida por la empresa debido a sus limitaciones físicas. La sentencia revoca una decisión anterior del Juzgado de lo Social n.º 12 de Málaga, que había desestimado la demanda de la empleada.

Una larga lucha por el reconocimiento de su enfermedad

La trabajadora, que ocupaba el puesto de cajera-reponedora en Mercadona, comenzó a sufrir diversas enfermedades crónicas que afectaban su capacidad laboral. Entre ellas, padecía fibromialgia, espondilolistesis, lumbalgia y trastornos depresivos, condiciones que le generaban un dolor continuo y dificultades tanto físicas como psicológicas.

Debido a estas dolencias, la empleada tuvo que solicitar varias bajas médicas, acumulando numerosos episodios de incapacidad temporal a lo largo de los años. Ante la imposibilidad de desarrollar su trabajo con normalidad, decidió solicitar a la Seguridad Social el reconocimiento de una incapacidad permanente total.

Sin embargo, tras la evaluación del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), el organismo dictaminó que, aunque la trabajadora padecía dichas enfermedades, estas no eran lo suficientemente graves para justificar su inclusión en el régimen de incapacidad permanente.

Despido por ineptitud sobrevenida y recurso ante la Justicia

Tras la negativa de la Seguridad Social, la empleada recibió un nuevo revés en noviembre de 2022, cuando Mercadona decidió despedirla, alegando «ineptitud sobrevenida» como motivo de la extinción del contrato. No obstante, la compañía llegó a un acuerdo extrajudicial con la trabajadora en el que reconocía la improcedencia del despido.

Sin empleo y sin el reconocimiento de la Seguridad Social, la afectada decidió acudir a los tribunales para reclamar su derecho a una pensión por incapacidad permanente total. En primera instancia, el Juzgado de lo Social n.º 12 de Málaga desestimó su demanda, respaldando la postura del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El TSJA reconoce su incapacidad permanente total

Ante este resultado adverso, la trabajadora presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que finalmente le dio la razón.

El TSJA tuvo en cuenta la gravedad y persistencia de las enfermedades de la demandante, así como los numerosos periodos de baja médica que había acumulado en los últimos años. Además, aplicó la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que “un trabajo, por liviano que sea, solo puede realizarse con asistencia diaria, permanencia en el puesto y un mínimo de rendimiento y asiduidad”.

El tribunal concluyó que las limitaciones físicas y psicológicas de la trabajadora eran incompatibles con las exigencias de su puesto en Mercadona, ya que su labor requería esfuerzo físico, movimientos repetitivos y manipulación de cargas, lo que agravaría su estado de salud.

Una pensión del 55% de su base reguladora

Como resultado de esta decisión, el TSJA ha reconocido el derecho de la empleada a percibir una pensión por incapacidad permanente total, equivalente al 55% de su base reguladora, fijada en 1.493,18 euros mensuales.

La sentencia establece que el INSS deberá abonar la prestación con carácter retroactivo desde el 28 de junio de 2022, incluyendo todas las mejoras, complementos y revalorizaciones legales.

Un fallo que sienta precedente

Este caso pone de relieve la dificultad que enfrentan muchos trabajadores con enfermedades crónicas para obtener el reconocimiento de su incapacidad por parte de la Seguridad Social. La decisión del TSJA sienta un precedente para futuras reclamaciones y demuestra la importancia de acudir a los tribunales cuando los derechos laborales y de protección social son vulnerados.

La trabajadora de Mercadona ha logrado finalmente el reconocimiento de su situación tras una larga batalla legal, en la que los informes médicos y los periodos prolongados de baja han sido determinantes para probar la imposibilidad de continuar con su actividad profesional.