Más presión para Mónica García: funcionarios sanitarios estudian nuevas protestas

Los funcionarios del sector salud se organizan para responder a lo que consideran una falta de compromiso del Ministerio de Sanidad

Dos sanitarios durante una pausa en el nuevo «hospital satélite» del Hospital Universitario de Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat. EFE/Alejandro García

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El malestar crece entre los profesionales del sector sanitario y todas las miradas apuntan a Mónica García, ministra de Sanidad. Tras más de dos años de negociaciones sin avances significativos, los representantes del colectivo sanitario —liderados por el sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios)— anuncian que están dispuestos a pasar a la acción. La Ejecutiva del sector de Sanidad de CSIF se reunirá el próximo miércoles 9 de abril para decidir nuevas medidas de protesta que visibilicen su hartazgo ante la falta de avances en la reforma del Estatuto Marco, el documento que regula las condiciones laborales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

Se nos ha acabado la paciencia”, afirman desde CSIF. El sindicato acusa al Ministerio de Sanidad de ignorar reivindicaciones fundamentales y de no presentar, en el plazo comprometido, una propuesta clara sobre mejoras salariales, nuevas categorías profesionales y reformas estructurales urgentes. “El Ministerio no ha estado a la altura”, lamentan. Entre las prioridades figura una reclasificación profesional adecuada que reconozca el nivel de responsabilidad, formación y especialización que requieren los distintos puestos dentro del sistema de salud. Esta medida debería traducirse en una mejora salarial real, acorde a la exigencia y complejidad de cada función.

Jornada laboral y guardias: otras demandas históricas sin resolver

Otra de las grandes exigencias de los sanitarios es la implementación de la jornada de 35 horas semanales en todas las comunidades autónomas, una demanda que lleva años sin respuestas efectivas. Asimismo, reclaman reducir las horas de guardia sin merma económica, lo que consideran fundamental para mejorar tanto la atención a los pacientes como el bienestar físico y emocional de los profesionales.

Uno de los temas más conflictivos es la exclusión del personal estatutario del nuevo sistema de jubilación parcial anticipada que sí beneficiará, en parte, al personal laboral de las administraciones públicas. CSIF denuncia esta discriminación y reclama su inclusión inmediata en el Estatuto Marco, especialmente para quienes desarrollan su labor en condiciones de penosidad o riesgo. “No estamos pidiendo privilegios, sino justicia”, subrayan desde el sindicato. Además, exigen que se permita la jubilación voluntaria anticipada mediante coeficientes reductores, tal y como se aplica en otras profesiones de alta exigencia.

Por la igualdad salarial entre comunidades y la recuperación de derechos

El sindicato también pone sobre la mesa la desigualdad salarial entre comunidades autónomas, una brecha que provoca una continua fuga de profesionales hacia regiones con mejores condiciones laborales. Esta situación no solo castiga a los trabajadores, sino que compromete la calidad del sistema sanitario en los territorios menos competitivos. Además, CSIF exige la recuperación del modelo retributivo anterior a los recortes de 2010, con la paga extra íntegra incluida, y el desarrollo real de la carrera profesional para todas las categorías y en todo el territorio nacional.

Pese al enfado, CSIF reitera su disposición a seguir negociando, pero advierte que el tiempo del diálogo sin resultados ha terminado. “Hemos demostrado voluntad de acuerdo, pero los compromisos no pueden seguir dilatándose”, subrayan. Mónica García, que llegó al Ministerio con una imagen de cercanía al colectivo, comienza a enfrentarse al desgaste político de un conflicto que amenaza con convertirse en movilización masiva si no se ofrecen soluciones concretas. El miércoles podría ser un punto de inflexión si no hay respuestas claras por parte del Ministerio.

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Alba Carbajal

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