Los planes de MUFACE, truncados por el nuevo concierto sanitario: no tienen receta electrónica
El nuevo concierto de Muface entrará en vigor este 1 de mayo
Muface en crisis
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La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) atraviesa una de las mayores crisis de su historia reciente, una situación que ha acabado por golpear de lleno uno de sus proyectos más ambiciosos: la extensión de la receta electrónica concertada a todo el territorio nacional.
La paralización del nuevo concierto sanitario, debido a un recurso judicial, ha obligado a suspender el calendario previsto para la digitalización de las recetas en el ámbito privado, dejando en el aire la modernización de la prestación farmacéutica para más de un millón y medio de mutualistas.
Un plan estancado por la incertidumbre en MUFACE
La dirección de Muface había anunciado a finales de marzo que la implantación de la receta electrónica concertada arrancaría en enero de 2025, con el objetivo de alcanzar una cobertura total antes de finalizar el año.
Sin embargo, la realidad es que este sistema solo funciona de manera efectiva en cinco comunidades autónomas —Cantabria, Asturias, La Rioja, Canarias y Extremadura— y, de ellas, únicamente Cantabria ha logrado un nivel de implantación significativo, con un 71,6% de expansión.
El resto del país sigue dependiendo de recetas en papel o de sistemas digitales fragmentados, un modelo que los propios mutualistas califican de «arcaico» y desigual. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha sido especialmente crítica en su último informe, donde señala que el desarrollo de la receta electrónica en el ámbito privado de Muface es muy limitado y presenta grandes diferencias entre regiones.
Mientras que en el régimen público la receta electrónica es una realidad consolidada desde 2019, en la asistencia sanitaria concertada apenas se han dado pasos efectivos más allá de algunos proyectos piloto.
El revés judicial que lo ha cambiado todo
El gran obstáculo para la digitalización de la receta concertada ha sido la paralización del nuevo concierto sanitario 2025-2027, adjudicado a las aseguradoras Adeslas y Asisa. La Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel), que representa a médicos autónomos del sector privado, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para impugnar el acuerdo, alegando que las condiciones económicas fijadas son anticompetitivas y perjudican tanto a los profesionales como a los pacientes.
Aunque no es habitual que estos recursos conlleven una suspensión inmediata, existe la posibilidad de que la Audiencia Nacional adopte medidas cautelares que frenen la ejecución del concierto. Si el caso se eleva al Tribunal Supremo, el proceso podría prolongarse durante años, lo que supondría un nuevo periodo de incertidumbre para la mutualidad y sus beneficiarios.
La falta de receta electrónica concertada afecta directamente al colectivo de mutualistas que optan por la asistencia sanitaria privada a través de Muface. Estos usuarios, a diferencia de quienes eligen la sanidad pública, no pueden beneficiarse de la prescripción digital y deben seguir utilizando recetas en papel o sistemas alternativos no integrados, lo que dificulta el acceso a medicamentos y genera desigualdad en el trato.
