La pesadilla de una pareja tras comprar un piso: una deuda de 300.000 euros y una quiebra

El acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío significativo a nivel mundial, afectando a millones de personas en diversas regiones. Factores como el aumento demográfico, la especulación inmobiliaria y la falta de políticas adecuadas han contribuido a una crisis de vivienda, donde muchos afrontan dificultades para encontrar un hogar asequible y adecuado.

En este escenario, adquirir un inmueble es realmente un lujo, aunque para algunas personas esto se ha convertido en una auténtica pesadilla, como para una pareja finlandesa que compró un piso en construcción en Naantali (Finlandia) sin imaginar lo que les pasaría después.

A la pareja se le emitió una factura de más de 300.000 euros por la quiebra de la promotora responsable de la obra, informa el medio finlandés Yle.

La historia se remonta a mayo de 2018, cuando los afectados compraron las acciones de una empresa de inmuebles que estaba en proceso de urbanización, las que les permitirían adquirir un apartamento que todavía se estaba construyendo.

Este acuerdo se puso en marca a través de un contrato de transferencias de acciones con una mujer que había comprado las mismas acciones al promotor en otoño de 2017. La pareja desembolsó 405.000 euros por esta operación, asumiendo además el pago de las cuotas siguientes y del préstamo de la empresa inmobiliaria.

Préstamo

En principio, el plazo para que la obra culminara estaba establecido para agosto de 2018, aunque la construcción no acabó a tiempo. En febrero de la año siguiente, la situación empeoró cuando la sociedad en cuestión se declaró en quiebra, paralizando el proyecto inmobiliario.

Ante esta incertidumbre, los inquilinos buscaron soluciones para terminar los apartamentos, lo que los llevó a pedir un préstamo que costeara las obras detenidas. En el caso de los finlandeses, les supuso un sobrecoste de casi 330.000 euros, elevando el precio total del inmueble al 81% de lo acordado inicialmente.

Fin de la construcción

La vivienda fue terminada en verano de 2020, dos años de retraso. Durante este tiempo, la pareja estuvo viviendo en una casa alquilada, lo que les sumó unos 21.000 euros. Frente a esta situación, decidieron tomar medidas legales para reclamar una reducción del precio de la compra y una indemnización por los daños.

Los afectados argumentaron que la persona que les vendió las acciones ya conocía los líos financieros de la promotora porque, según contaron, los accionistas habían solicitado informes sobre el avance del proyecto y se habían reunido en primavera e invierno de 2018, antes de la venta del apartamento.

En su opinión, la vendedora ocultó los riesgos, convirtiéndose en responsable de los costes adicionales que derivaron de la quiebra. Asimismo, la pareja acusó a la empresa intermediaria de negligencia por no comunicarles los riesgos de la propiedad.

En total, pidieron una reducción de 330.000 euros del precio de la vivienda y una indemnización de 21.000 euros, así como 179.000 euros a la inmobiliaria por la negligencia.

¿Qué dijo la justicia?

La resolución de la Junta de Litigios de Consumo no resultó favorable para ellos. En su decisión, el panel concluyó que la vendedora desconocía las dificultades financieras del promotor en el momento de la transacción, por lo que no podía ser considerada responsable de los costos adicionales. Además, determinaron que, al no estar el apartamento finalizado en el momento de la venta, no existía ningún defecto oculto que pudiera atribuirse a la vendedora.

Por otro lado, la inmobiliaria rechazó las acusaciones de negligencia, argumentando que tampoco estaba al tanto de los problemas financieros del promotor. La Junta respaldó esta postura y desestimó las reclamaciones de la pareja, aclarando que el contrato de traspaso de un inmueble sin terminar no era equiparable a la compraventa de una vivienda nueva según las disposiciones de la Ley de Vivienda.