El mensaje de los funcionarios tras los datos del IPC: «El Gobierno nos debe 1.224 millones»
CSIF denuncia la pérdida continuada de poder adquisitivo y exige una subida salarial inmediata
Un momento de la manifestación convocada por CSIF en Madrid. EFE/ J.J.Guillen
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La publicación de los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) ha encendido los ánimos entre los empleados públicos. El sindicato CSIF ha emitido un mensaje contundente: “El Gobierno nos debe 1.224 millones de euros”. La cifra corresponde a la subida salarial adicional del 0,5% pactada para 2023 y que aún no se ha aplicado, además de otros compromisos retributivos pendientes.
Según los cálculos del sindicato, los trabajadores del sector público han perdido un 8,3% de poder adquisitivo desde el acuerdo salarial de 2022, y más de un 20% si se toma como referencia el recorte aplicado en 2010, durante la anterior gran crisis económica.
Una deuda acumulada que genera malestar
«Estamos en abril y seguimos sin acuerdo salarial y sin la subida adicional del 0,5% pendiente del año pasado», denuncian desde CSIF, reclamando al Ejecutivo que apruebe por decreto el pago de los atrasos. El sindicato sostiene que el retraso está afectando de forma directa a más de tres millones de empleados públicos, incluyendo a personal sanitario, docente, administrativo y de servicios esenciales que han estado en primera línea en los últimos años.
La cifra que se reclama, 1.224 millones de euros, representa una media de más de 400 euros por trabajador, una cantidad que, sumada al impacto de la inflación, está mermando de forma significativa el poder adquisitivo de un colectivo que, según CSIF, ha sido clave en el funcionamiento del Estado, incluso en los peores momentos de la pandemia.
El IPC confirma la pérdida de poder adquisitivo
La subida del IPC ha puesto en evidencia el desequilibrio entre salarios públicos y coste de vida. Con un incremento de los precios sostenido, el aumento salarial pactado en 2022 ha quedado claramente desfasado, según los representantes de los trabajadores. Para CSIF, es urgente que se revise el acuerdo anterior y se firme uno nuevo que garantice la actualización real de los sueldos conforme al encarecimiento del coste de vida.
Ante la falta de avances, CSIF ha anunciado que está organizando una “primavera caliente” de protestas, que podrían incluir paros parciales, concentraciones y movilizaciones en toda España. “Queremos dejar claro que no vamos a aceptar más demoras. Si hay dinero para otras partidas presupuestarias, también lo debe haber para cumplir con los trabajadores del sector público”, aseguran.
La amenaza de protestas masivas se suma a un clima ya tenso en otras áreas del sector público, donde también se reclama la mejora de condiciones laborales, la actualización de plantillas y la reducción de la temporalidad. CSIF ha advertido que si el Gobierno no reacciona, la conflictividad laboral irá en aumento a lo largo de los próximos meses.
Reclaman un nuevo acuerdo salarial
Más allá del pago de la subida del 0,5% pendiente, CSIF exige que se abra una mesa de negociación para pactar un nuevo acuerdo salarial plurianual, con incrementos progresivos y cláusulas de revisión vinculadas al IPC. La organización considera que solo así se podrá evitar que los empleados públicos sigan perdiendo poder adquisitivo año tras año.
Además, desde el sindicato recuerdan que el sector público ha sido fundamental en momentos de crisis, y consideran que ahora es el momento de que se les reconozca ese esfuerzo.
Sin avances en la negociación
Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda y Función Pública no ha dado señales de reabrir el diálogo salarial. Aunque el titular del departamento, Óscar López, ha reconocido en intervenciones públicas la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores del Estado, aún no se ha concretado ninguna nueva oferta ni hay convocatorias oficiales de reunión a corto plazo.
Mientras tanto, los sindicatos endurecen el tono y preparan un calendario de protestas. CSIF ya ha dado el primer paso, pero otras organizaciones como UGT o CCOO podrían sumarse si la situación no se resuelve.
El conflicto se plantea así como uno de los frentes sociales más sensibles para el Gobierno en esta primavera, justo en un contexto político marcado por la dificultad para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y con otros colectivos también reclamando mejoras salariales. La presión sindical crece, y el tiempo corre. Con el IPC al alza y la promesa de una compensación pendiente, el Gobierno deberá decidir pronto si atiende a las demandas del sector público o se enfrenta a un nuevo ciclo de movilizaciones laborales.
