¿Puede empadronarse un okupa en la vivienda? Esto dice la ley

Los ‘okupas’ es uno de los temas que más preocupan a la sociedad española. La ley todavía no es clara con este aspecto, algo que crea terror entre los propietarios de inmuebles y otros colectivos que se ven perjudicados por la ocupación ilegal. Hasta finales de febrero, que llegue la ley ‘antiokupa’, el miedo seguirá presente.

Actualmente, España enfrenta una gran problemática en vivienda. Hay una gran demanda en comparación la poca oferta, una situación que se intensifica en las principales ciudades. Muchas familias se ven obligadas a abandonar sus casas por subidas desmesuradas del alquiler o por cambios en la vivienda, ya que muchos propietarios apuestan por los apartamentos turísticos.

A esto se suma la ‘okupación’, personas que entran en casas ilegalmente. Con la actual ley, el desahucio se puede complicar, teniendo plazos de más de un año. Además, muchos ‘okupas’ aprovechan vacaciones o situaciones donde los residentes no están para entrar, suponiendo una gran amenaza. También generan un mal estar entre los vecinos.

El proceso para echar a un ‘okupa’ puede ser aún mayor si este se encuentra empadronado en el domicilio. Se puede llegar a pensar que la ley no permite que estas personas puedan inscribir un hogar que han ocupado ilegalmente como su residencia, pero las normas no son claras y se establece que todo español debe ser censado.

Puede un ‘okupa’ estar empadronado

Ante la pregunta de si un ‘okupa’ puede empadronarse por ley, la respuesta es afirmativa. Las personas que han ocupado ilegalmente una casa pueden empadronarse en dicha vivienda, ya que, en España, el empadronamiento es un derecho fundamental para todos los ciudadanos, independientemente de su situación legal en una vivienda.

El objetivo principal es garantizar que todas las personas residentes en España estén registradas, independientemente de las circunstancias en las que habiten un inmueble. Esto responde a la necesidad del Estado de contar con datos precisos sobre su población para planificar servicios públicos y recursos.

En la ley actual, el padrón municipal no distingue entre propietarios legítimos, inquilinos o ‘okupas’. Esta fue presentada el 2 de mayo de 2020, el Boletín Oficial del Estado (BOE) estableciendo que cualquier ciudadano español tiene derecho a empadronarse. Esta normativa, que deriva de disposiciones publicadas en 2015, busca evitar que ninguna persona quede excluida del sistema social y administrativo del país.

No obstante, para poder empadronarse es necesario demostrar residencia en la vivienda. Para ello, el ‘okupa’ puede presentar un documento que acredite que vive en el inmueble, como una notificación oficial enviada a esa dirección o cualquier otra prueba de domicilio. Como este colectivo no cuentan con un título legal sobre la vivienda, el simple hecho de proporcionar un documento que certifique su residencia es suficiente.

Como afecta esta situación a los propietarios

Cierto es que el empadronamiento no implica que la vivienda sea legal, aunque sí otorga a los ‘okupas’ acceso a derechos sociales como el Ingreso Mínimo Vital, lo que ha generado una fuerte controversia. Además, el empadronamiento de ‘okupas’ por ley no altera la titularidad de la propiedad ni afecta los procedimientos legales que puedan estar en curso.

Sin embargo, muchos propietarios consideran que esta medida facilita la ocupación ilegal, ya que otorga acceso a derechos sociales mientras se resuelve el litigio. En conclusión, aunque el empadronamiento no da derecho a la ocupación de un inmueble, su implementación sigue siendo un tema polémico que plantea muchas dudas sobre la conciliación entre derechos individuales y la protección de la propiedad privada.