Hacienda se pone seria y alerta a los autónomos: máximo cuidado con los «cobros en negro»

El control fiscal sobre los autónomos está alcanzando nuevos niveles de exigencia. La Agencia Tributaria ha decidido intensificar sus esfuerzos para erradicar la economía sumergida y el fraude fiscal, especialmente entre los trabajadores por cuenta propia. La medida más reciente, que entra en vigor a partir de 2024, establece que los autónomos deberán reportar mensualmente todos sus ingresos, incluyendo aquellos recibidos a través de tarjetas, Bizum, efectivo e incluso transacciones internacionales.

Este cambio responde al deseo de Hacienda de evitar el ocultamiento de ingresos y mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos. Con esta nueva normativa, la Agencia Tributaria pretende garantizar que cada euro recibido sea registrado de manera transparente, evitando el fraude fiscal que, aunque no es exclusivo de los autónomos, ha sido históricamente un problema recurrente en este colectivo.

Un cambio crucial en la declaración mensual de ingresos

Uno de los cambios más significativos que se implementará es la obligación de declarar los ingresos mensualmente. Esto representa una modificación sustancial respecto al sistema anterior, que solo requería una declaración anual. A partir de ahora, los autónomos deberán reportar de forma detallada todos los cobros que reciban, independientemente de si son por tarjeta, datáfono, transferencias electrónicas como Bizum o incluso pagos en efectivo.

Esta nueva obligación tiene como objetivo aumentar la vigilancia sobre los ingresos de los autónomos y detectar con mayor facilidad aquellos casos en los que los trabajadores por cuenta propia intentan ocultar parte de sus ingresos para pagar menos impuestos. No obstante, la declaración mensual de ingresos no es la única medida que la Agencia Tributaria ha propuesto.

Nuevas normas para el control de pagos

En un esfuerzo por controlar las transacciones realizadas con tarjetas de prepago y virtuales, Hacienda está introduciendo medidas específicas para evitar que estas se utilicen con fines fraudulentos. A pesar de que el borrador no establece aún qué monto se considerará «alto importe», el objetivo es asegurar que estas herramientas no se utilicen para evadir impuestos.

Estas medidas se aplicarán no solo a las transacciones nacionales, sino que también se ampliarán a las empresas extranjeras que gestionan pagos electrónicos. Esto significa que cualquier entidad que opere con clientes españoles, ya sea dentro del país o fuera de él, estará obligada a compartir información sobre las cuentas y pagos realizados.

El combate contra el fraude fiscal entre autónomos

El fraude fiscal en el ámbito de los autónomos es una realidad difícil de erradicar. Muchos trabajadores por cuenta propia recurren a la ocultación de ingresos o a la exageración de gastos para reducir su carga tributaria. Si bien estos comportamientos son ilegales, la práctica se ha generalizado en algunos sectores, especialmente en aquellos donde se manejan pagos en efectivo.

Hacienda ha decidido poner el foco en estos casos, con la finalidad de asegurar que todos los ingresos, independientemente de la forma en que se perciban, sean declarados correctamente. Este tipo de fraude no solo afecta a las arcas del Estado, sino que crea una competencia desleal entre aquellos autónomos que cumplen con sus obligaciones fiscales y los que eluden el pago de impuestos.

Extensión de las obligaciones a entidades extranjeras

Además de las medidas que afectan directamente a los autónomos, la nueva normativa introduce un control más riguroso sobre las entidades financieras, incluidas aquellas con sede en el extranjero. En el pasado, muchas de estas entidades operaban sin tener que compartir información con la Agencia Tributaria, lo que dificultaba la detección de posibles fraudes.

Con la nueva legislación, las empresas que gestionen pagos electrónicos deberán colaborar con Hacienda proporcionando datos detallados sobre la titularidad de las cuentas y las transacciones realizadas por los clientes españoles. Esta extensión de las obligaciones busca cerrar una de las principales lagunas que facilitaban el fraude fiscal en el ámbito digital.

Desafíos y expectativas para los autónomos

Así pues, los autónomos se enfrentan a un panorama más estricto, con normativas que exigen mayor transparencia en sus operaciones financieras. A pesar de las críticas iniciales, especialmente por la carga administrativa adicional, estas medidas se presentan como un paso necesario para combatir el fraude y garantizar una mayor justicia tributaria.

Los cambios también pueden traer consigo la automatización de muchos de los procesos, facilitando que los autónomos gestionen sus ingresos de manera más ordenada. Sin embargo, esto dependerá de la rapidez con que los sistemas de la Agencia Tributaria puedan adaptarse a las nuevas exigencias.