Así quiere poner freno el Gobierno a la usura digital

En España, los préstamos de dinero no están regulados como actividad con una licencia de exclusividad, lo que significa que cualquier persona o empresa puede ejercer de prestamista ante otra.

Uno de los escenarios más comunes es que la gente se preste dinero entre sí y, gracias a la tecnología, ahora es posible hacerlo entre distintos territorios. Esta forma de pedir un crédito no solo es más práctica, sino que también suelen pedir menos requisitos que un banco. Por ello, las personas expulsadas del sistema tradicional optan por esta vía.

La letra pequeña de las plataformas de créditos rápidos y similares es que, aunque no pidan un historial financiero, llegan a aplicar tipos de interés que pueden superar el 5.000% en tasa anual equivalente. Las tarjetas revolving, por ejemplo, han sido limitadas por los tribunales a fijar un tipo de interés debido a distintas denuncias de los usuarios.

En ese contexto, el Gobierno ha emprendido una legislación de préstamos al consumo, pero se hace tarde a comparación con el resto de los países de Europa.

Según explica Expansión, este texto separa dos cuestiones importantes con el fin de proteger a los clientes particulares. La primera de ellas es la obligación de que el prestamista esté dado de alta y bajo el control de la autoridad competente.

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La segunda cuestión es que la normativa europea habilita (pero no exige) a los países miembros a limitar el tipo de interés de los préstamos.

Esto da lugar a la posibilidad de limitar el interés a aplicar en términos absolutos o a otras opciones ligan este interés máximo a un indicador del mercado.

Ambos casos representan una alternativa viable al momento de evitar abusos. No ha sido concebida para establecer un precio público del crédito, sino para proteger a un cliente, lo que supone vetar los abusos a los que pueden llevar las situaciones de desventaja.

Novedades europeas de créditos al consumo

El Banco de España (BdE) explica a detalle algunas características de la nueva directiva europea relativa a los contratos de crédito al consumo, que entró en vigor el 19 de noviembre de 2023:

• Se introduce la obligación de reconocimiento, registro y supervisión para los prestamistas
• Se extiende el ámbito de aplicación (como los contratos de crédito hasta 100.000 euros, de menos de 200 euros, sin intereses, con reembolso, entre otros)
• Control de publicidad con el fin de no inducir a falsas expectativas sobre los créditos
• La información precontractual y contractual adaptada a canales digitales
• Una regulación de ventas combinadas y vinculadas
• Los servicios de asesoramiento se conciben como recomendaciones personalizadas a los clientes sobre una o varias operaciones relativas a contratos de crédito y que sean una actividad distinta de la concesión del crédito