Los funcionarios de la Seguridad Social, en pie de guerra: convocan una nueva huelga

La Seguridad Social propone una nueva huelga mientras se enfrenta a un escenario de extrema precariedad ante la creciente carga de trabajo y la falta de personal. Los directivos provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) advierten que la actual estructura es insostenible y que, de no tomarse medidas urgentes, el sistema de pensiones podría entrar en una grave crisis.

Desde mayo de 2023, estos responsables han solicitado reuniones con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para exponer el problema, pero sus peticiones han sido ignoradas. La falta de respuesta ha llevado a la convocatoria de dos días de huelga, el 10 y el 13 de marzo, con el objetivo de forzar al Gobierno a tomar medidas inmediatas.

Déficit de personal y sobrecarga de trabajo

Los directivos del INSS denuncian que la tasa de reposición del personal jubilado apenas alcanza el 70%, lo que significa que, aunque se cubrieran todas las bajas, seguiría existiendo un déficit considerable en la plantilla. El problema se agrava porque el sistema fue diseñado hace 30 años, cuando el volumen de pensiones a gestionar era considerablemente menor.

Además, alertan de que los nuevos empleados carecen de formación adecuada para las funciones que deben desempeñar. El uso de interinos sin experiencia ni estabilidad ha provocado un aumento de los retrasos en la tramitación de expedientes, afectando especialmente al ingreso mínimo vital, con miles de solicitudes pendientes.

El colapso de la Seguridad Social no solo afecta a las pensiones. Otras prestaciones, como la incapacidad temporal, están sufriendo graves retrasos debido a la sobrecarga de trabajo. Desde la pandemia, el número de bajas médicas se ha disparado y el personal disponible no da abasto para gestionar los expedientes acumulados.

Los directivos acusan al Gobierno de una falta total de planificación en la gestión de recursos humanos, lo que ha llevado a una situación crítica. La eterna promesa de la Agencia de la Seguridad Social, que debía modernizar la estructura, sigue sin materializarse, mientras los empleados enfrentan condiciones laborales precarias sin el reconocimiento ni los medios adecuados para su trabajo.

Silencio del ministerio y movilización del personal

La llegada del ingreso mínimo vital supuso un desafío sin precedentes para el INSS, que asumió esta nueva prestación sin recibir el apoyo necesario en términos de personal y formación. A esto se suman los constantes cambios normativos en la pensión de jubilación, el complemento de brecha de género, el control de bajas médicas y la valoración de incapacidades, generando un volumen de trabajo inasumible.

Pese a las múltiples advertencias, el Ministerio de Inclusión, liderado por Elma Saiz, ha ignorado las peticiones del INSS. Solo después de convocarse la huelga, casi dos años después de las primeras solicitudes, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha accedido a reunirse con los responsables provinciales. Sin embargo, los trabajadores consideran que esta respuesta llega demasiado tarde y que el ministerio ha mostrado un desprecio absoluto hacia sus reivindicaciones.

Un problema que el Gobierno no vio venir

Los directivos creen que el Ejecutivo subestimó su descontento al no ser un colectivo tradicionalmente sindicalizado. Ahora, la huelga busca poner sobre la mesa una realidad que amenaza con colapsar el sistema de pensiones y las prestaciones esenciales para millones de ciudadanos.

La incertidumbre es total. Si el Gobierno no toma medidas urgentes, el futuro del sistema de Seguridad Social en España podría estar en serio peligro. Mientras tanto, miles de pensionistas y beneficiarios de prestaciones siguen esperando respuestas en un sistema que, según sus propios gestores, está al borde del colapso.