No todo está perdido: estos funcionarios aseguran su salud privada fuera de Muface

El futuro de la continuidad de Muface dependerá de que el próximo 27 de enero la aseguradora Asisa se presente a la licitación

Muface / funcionarios

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Falta poco más de una semana para saber si el concierto de Muface podrá salir adelante o si la licitación queda desierta, lo cual dejaría en incertidumbre la atención médica de 1,5 millones de funcionarios que dependen del sistema. Sin embargo, hay otro grupo de trabajadores públicos que ya han asegurado su salud privada más allá de la mutualidad.

Se trata de los ‘hermanos’ de Muface: Mugeju (Mutualidad General Judicial) e Isfas (Instituto Social de las Fueras Armadas), quienes ya han concedido a tres aseguradoras la cobertura sanitaria de sus empleados.

Tanto Muface como Mugeju e Isfas son entidades (o mutuas) que ofrecen, entre sus servicios, cobertura sanitaria particular a ciertos colectivos de trabajadores públicos en España.

Estas organizaciones se encargan de gestionar los servicios médicos de sus afiliados, permitiéndoles acceder a una atención privada mediante la suscripción a seguros de salud específicos.

Dependiendo de la licitación anual o de los procesos de adjudicación, las mutuas eligen las aseguradoras con las que los funcionarios podrán firmar sus contratos.

Mugeju cierra un trato con tres aseguradoras

Mutualidad General de Justicia (Mugeju) se encarga de dotar de asistencia sanitaria a los funcionarios del sistema judicial, es decir, a los jueces, fiscales y el resto de personal de las Administraciones de Justicia.

A diferencia de Muface, esta mutua judicial ha confirmado que contratará los servicios de salud con las aseguradoras Asisa, Adeslas y a Nueva Mutua Sanitaria, recoge Redacción Médica. Sin embargo, aún no se adjudica ni formaliza de manera oficial.

Muface / aseguradoras
Foto: Redacción Médica

Isfas sigue los pasos de Mugeju

En el caso del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), el órgano autónomo relacionado al Ministerio de Defensa, tiene la responsabilidad de gestionar el Régimen Especial de Seguridad Social a las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, al personal estatutario del Centro Nacional de Inteligencia y al personal civil de los cuerpos de Defensa.

Sobre la nueva contratación de cobertura sanitaria, Isfas ya ha confirmado que continuará trabajando con Adeslas y Asisas, aunque todavía no hay un contrato formal.

Cabe destacar que, en noviembre pasado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) suspendió temporalmente las licitaciones de Mugeju e Isfas tras un recurso presentado por la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel).

Esta asociación alegó que algunas condiciones incluidas en los pliegos de las licitaciones contenían cláusulas que podían perjudicar a los profesionales médicos, afectando la calidad de la atención sanitaria ofrecida.

No obstante, el Tacrc destimó el recurso poco después, permitiendo que los procesos de adjudicación sigan su curso.

¿Qué está pasado con Muface?

La crisis en Muface se desencadenó tras el anuncio de un nuevo concurso por parte del Estado en octubre de 2024. Su propuesta inicial ofrecía una cifra muy baja frente a los elevados costes que enfrentan las aseguradoras.

Muface se enfrenta a grandes problemas
Muface no es rentable para las aseguradoras. Foto: Archivo

Aunque el presupuesto fue reajustado al alza, el incremento sigue siendo insuficiente para satisfacer las demandas de las aseguradoras.

De las tres compañías que colaboran con Muface, dos ya han decidido no continuar. Se trata de Adeslas y DKV, que ya han anunciado su retirada tras décadas de colaboración. Asisa, por su parte, aún está evaluando su decisión.

Adeslas y DVK evaluaron sus balances y concluyeron que el nuevo acuerdo incrementaría sus pérdidas, haciendo inviable continuar.

Con el concierto anterior, estas aseguradoras ya asumieron pérdidas de cerca de 70 millones de euros, una cifra que podría escalar hasta los 100 millones con las nuevas condiciones.

Por ahora, la continuidad del sistema queda en manos de la decisión de Asisa, cuyo plazo para definir su participación está próximo a expirar (27 de enero).

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