Un empleado es despedido tras descubrir que se va de compras durante su jornada laboral: la empresa tendrá que pagarle 25.000 euros

En un caso que ha generado gran debate sobre los límites de la vigilancia laboral, un empleado de una empresa de telecomunicaciones fue despedido después de que la compañía contratara a un detective privado para seguirlo. Un despido que ha traído mucha cola por el modus operandi de la empresa, que ha generado un debate en torno a la privacidad del trabajador.

La La empresa justificó su decisión argumentando una disminución en la productividad del trabajador, basada en los informes obtenidos durante la vigilancia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha determinado que el despido fue improcedente, lo que obliga a la empresa a pagarle una indemnización de casi 25.000 euros.

Todos los detalles de un caso que ha generado un enorme debate

El trabajador, cuya jornada laboral comprendía de 8:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas, debía fichar al inicio y al final de su turno, pero su labor comercial se desarrollaba fuera de la oficina. La compañía comenzó a sospechar de su desempeño cuando detectó un descenso en su productividad y cambios en sus horarios de visitas a clientes. Ante esta situación, decidió contratar a un detective privado para hacer un seguimiento detallado de sus movimientos.

Los informes obtenidos por el detective indicaron que el empleado, después de fichar, se iba a su casa, realizaba compras personales y pasaba tiempo en bares. No obstante, también se evidenció que continuaba cumpliendo con sus visitas a clientes y realizando su trabajo. A pesar de ello, la empresa consideró que estas actividades demostraban una falta de compromiso y, sumado a que no alcanzaba los objetivos comerciales establecidos, decidió proceder con su despido disciplinario.

El fallo del Tribunal da la razón al trabajador que deja en evidencia el modo de actuar de la empresa

Tras ser despedido, el empleado presentó una demanda alegando que la empresa no había justificado debidamente la medida tomada en su contra. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia le dio la razón y ratificó la declaración de improcedencia del despido, lo cual dejó de manifiesto que la forma de proceder de la empresa no es considera lícita.

Esto se demuestra porque el fallo judicial sostiene que la empresa no demostró que el trabajador hubiera incurrido en un incumplimiento grave y voluntario. Para que la disminución del rendimiento sea motivo de despido disciplinario, debe probarse que es continuada, significativa y consciente, algo que la empresa no logró acreditar. Además, el tribunal destacó que no existía un rendimiento mínimo pactado ni un término de comparación con otros trabajadores en condiciones similares.

Asimismo, la sentencia resalta que la empresa no había advertido previamente al empleado sobre su supuesta baja productividad ni le dio la oportunidad de corregir su desempeño antes de despedirlo. Este hecho fue clave en la decisión del tribunal, ya que no se podía imputar al trabajador una culpabilidad voluntaria sin haberle informado previamente de su bajo rendimiento.

Tras todo ello, y dado Dado que el despido ha sido considerado improcedente, la empresa está obligada a indemnizar al trabajador con casi 25.000 euros. Este caso ha reabierto el debate sobre el uso de detectives privados para vigilar a empleados y hasta qué punto una empresa puede justificar un despido basado en pruebas obtenidas mediante este tipo de seguimiento.

Además, la sentencia deja claro que una disminución de la productividad no siempre es motivo suficiente para un despido disciplinario, especialmente si la empresa no establece previamente estándares de rendimiento claros y no comunica al trabajador sus deficiencias antes de tomar una decisión tan drástica, en medio de un caso que ha generado el debate en lo que respecta al derecho de las empresas a supervisar a sus empleados fuera de la oficina.