Este es el dineral que tendrán que pagar los dueños de los perros en 2025 según la ley
Seguros obligatorios, cursos de formación y nuevas restricciones: las claves de la Ley de Bienestar Animal en 2025
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A partir de 2025, los dueños de perros en España tendrán que cumplir con una serie de nuevas obligaciones legales derivadas de la Ley de Bienestar Animal. Estas medidas, que entraron en vigor en 2023 pero se implementarán completamente este año, han generado un considerable debate. Entre las disposiciones más destacadas, se encuentra la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para todos los perros, independientemente de su raza o tamaño, algo que anteriormente solo se exigía para razas consideradas potencialmente peligrosas.
El seguro obligatorio tiene como objetivo cubrir los posibles daños que los perros puedan causar a terceros, ya sean lesiones personales o daños materiales. Las pólizas básicas tienen un coste aproximado de entre 18 y 40 euros al año, aunque las opciones más completas pueden alcanzar los 300 euros anuales. Estas últimas incluyen coberturas adicionales como asistencia veterinaria, indemnización por pérdida o robo, y defensa legal. Según diversas aseguradoras, estas nuevas medidas han generado un incremento en la demanda de pólizas, lo que podría provocar una subida en los precios.
La ley no se limita al seguro obligatorio. Otra medida significativa es la introducción de un curso de formación gratuito, accesible en formato online, para los propietarios de perros. Este curso, que tiene como objetivo educar a los dueños sobre las responsabilidades de la tenencia de mascotas, abarcará temas como cuidados básicos, alimentación, prevención de enfermedades, higiene y adiestramiento. Aunque se prevé que el curso sea de corta duración, su cumplimiento será obligatorio para todos aquellos que registren una nueva mascota a su nombre.
Una de las disposiciones más polémicas es la posibilidad de que los ayuntamientos implementen un impuesto municipal para los propietarios de perros. Este impuesto, similar a los que ya existen en países como Alemania, tiene como finalidad recaudar fondos para cubrir los costes relacionados con los servicios públicos destinados a animales, como la limpieza de espacios públicos y el mantenimiento de refugios. Sin embargo, ha generado un fuerte rechazo entre los dueños de mascotas, quienes consideran que representa una carga económica adicional que podría desincentivar la adopción.
Además, la Ley de Bienestar Animal establece un límite de tiempo que los animales pueden pasar sin compañía. Los perros, por ejemplo, no pueden estar solos más de 24 horas, mientras que otros animales de compañía no deben superar los tres días consecutivos sin supervisión. Esta medida busca evitar el estrés y la ansiedad por separación que sufren muchas mascotas. Por otro lado, introduce una prueba de aptitud obligatoria para los perros al cumplir un año. Este examen evaluará su comportamiento y nivel de agresividad, y aquellos que la superen podrán ser eximidos de las restricciones aplicables a las razas consideradas potencialmente peligrosas.
Otro punto destacado de la normativa es la prohibición de vender perros, gatos y hurones en tiendas de mascotas. Desde su entrada en vigor, solo los criadores profesionales registrados pueden vender estos animales. Esta medida tiene como objetivo reducir la cría indiscriminada y fomentar la adopción responsable. Sin embargo, las sanciones para quienes incumplan esta normativa son severas, con multas que oscilan entre 50.000 y 200.000 euros.
Además, la identificación de las mascotas mediante microchip es ahora una obligación estrictamente regulada. Este dispositivo permite registrar al animal en una base de datos nacional, facilitando su localización en caso de pérdida o abandono. Según los últimos informes, el incumplimiento de esta medida puede acarrear sanciones económicas significativas, así como dificultades para la recuperación del animal.
La implementación de estas medidas ha generado un intenso debate en la sociedad española. Mientras que las autoridades defienden la normativa como un avance en el bienestar animal y la convivencia responsable, los propietarios de mascotas argumentan que las nuevas obligaciones suponen una carga económica y burocrática excesiva. Las redes sociales y asociaciones de dueños de mascotas han sido el escenario de intensas discusiones, con muchos calificando la ley como un ejemplo de exceso regulador.
En paralelo, las protectoras y refugios de animales han manifestado su apoyo a la normativa, destacando que muchas de las disposiciones podrían reducir el número de abandonos y fomentar una tenencia más responsable. Según datos recientes, España es uno de los países europeos con mayores tasas de abandono de mascotas, y las autoridades esperan que esta ley ayude a revertir esta tendencia.
En resumen, la Ley de Bienestar Animal trae consigo importantes cambios que afectan tanto a los dueños de perros como al conjunto de la sociedad. Aunque las medidas están diseñadas para garantizar el bienestar de las mascotas y una convivencia armoniosa, su implementación no está exenta de desafíos. Será fundamental encontrar un equilibrio entre promover la responsabilidad y evitar que estas normativas se conviertan en un obstáculo para la adopción y cuidado de los animales.
