Estas son las consecuencias que puede sufrir un empresario si tarda más de 15 días en ingresar una nómina

Las nóminas en España suelen ingresarse a finales de cada mes, ya que esta práctica está estipulada tanto por costumbre como por la normativa laboral vigente.

En general, los trabajadores esperan percibir su remuneración dentro de los primeros días del mes siguiente al trabajado, y cualquier retraso puede generarles preocupación o incluso escalar a conflictos.

Aunque la legislación no establece el día exacto para el pago, sí indica que debe efectuarse con cierta puntualidad, que habitualmente no supera los primeros cinco días del mes siguiente.

En ese sentido, un retraso superior a los 15 días podría traer consigo implicaciones serias para el empleador.

¿Qué pasa si las nóminas se abonan tarde?

El Gobierno ha aprobado recientemente una modificación del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que hace referencia al retraso en el abono de las nóminas.

Esta modificación -vigente desde el día 3 de abril- indica que los trabajadores tienen derecho a extinguir su contrato de forma voluntaria y con indemnización equivalente a un despido si la empresa incurre reiteradamente en retrasos superiores a 15 días en el pago de las nóminas.

Esto se aplica incluso si los retrasos no son consecutivos, sino que se producen en distintos momentos a lo largo de la relación laboral, recoge El Periódico.

Los casos en que puede aplicarse este recurso es si la tardanza se produce durante seis meses (no consecutivos necesariamente) o si se acumulan tres nóminas completas en el periodo de un año.

Es importante recordar que estos dos casos ya daban la posibilidad a que el trabajador extinga el vínculo laboral y reciba una indemnización. Sin embargo, esta modificación fija los plazos máximos de estas acciones.

Por otro lado, la demora en el abono de las remuneraciones también supone una infracción grave para la empresa, lo cual puede derivarse en multas que van desde los 6.251 y 25.000 euros, según expertos recogidos por el medio mencionado.

Esta medida obliga a los autónomos con personal a su cargo a ser cuidadosos con los plazos de pago si no quieren enfrentarse a consecuencias legales. De hecho, la nueva normativa afecta directamente a unos 500.000 autónomos en España que actualmente tienen empleados contratados.

En caso de querer acceder a la indemnización por despido, el trabajador deberá iniciar un proceso judicial y, durante este tiempo, estará obligado a continuar cumpliendo con sus funciones habituales hasta que el procedimiento finalice.

Solo cuando se dicte una resolución firme, el empleador autónomo estará legalmente obligado a abonar la indemnización correspondiente.