El CGPJ suspende los plazos procesales en toda España los días 28 y 29 de abril tras el apagón eléctrico
La medida responde a una situación de fuerza mayor y busca garantizar la seguridad jurídica en un contexto de parálisis operativa del sistema judicial
La sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado una decisión sin precedentes ante las consecuencias del gran apagón eléctrico que ha afectado a gran parte del país. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha acordado este lunes suspender los plazos procesales en toda España durante los días 28 y 29 de abril de 2025, una medida motivada por “razones de fuerza mayor” y que responde a la inestabilidad operativa derivada de la interrupción del suministro eléctrico.
El acuerdo, adoptado por urgencia, tiene como objetivo preservar las garantías procesales y evitar indefensión, en un momento en el que miles de ciudadanos y profesionales del ámbito judicial se han visto afectados por problemas de conexión, comunicaciones y desplazamientos. El colapso energético ha dificultado gravemente el normal desarrollo de la actividad judicial, motivando así una medida excepcional que se aplicará a todos los órganos judiciales del territorio nacional.
Se suspenden los plazos, pero no la justicia urgente
La suspensión afecta exclusivamente a los plazos legales, lo que significa que no correrán los días procesales durante este lunes y martes. Sin embargo, el CGPJ ha precisado que esta interrupción no implica una paralización total de la justicia. Se mantendrán los actos procesales urgentes e inaplazables, así como aquellos relacionados con la tutela de derechos fundamentales, siempre que puedan celebrarse con todas las garantías necesarias.
Asimismo, cada órgano judicial podrá valorar individualmente si procede suspender vistas y actuaciones señaladas para estos días. En este sentido, se ha establecido que la incomparecencia de abogados, partes o testigos será considerada justificada, evitando así posibles perjuicios por causas ajenas a su voluntad.
«Es fundamental mantener el equilibrio entre garantizar los derechos procesales y no comprometer la resolución de asuntos que, por su urgencia, no admiten demora», han señalado fuentes del CGPJ.
Valoración constante y posibilidad de nuevas medidas
La Comisión Permanente también ha informado de que seguirá monitorizando la situación en tiempo real, y se ha convocado una nueva reunión para este martes con el objetivo de evaluar si es necesario prorrogar la suspensión o adoptar nuevas medidas. Esta actuación dinámica busca responder de forma ágil a una crisis inédita en el sistema judicial español.
La decisión de este lunes será trasladada al Pleno del CGPJ para su ratificación, tal como exige el artículo 57 del Reglamento 1/1986 de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Este trámite, aunque posterior, no afecta a la aplicación inmediata del acuerdo.
Un apagón con consecuencias judiciales
La decisión del CGPJ llega después de que millones de personas hayan quedado sin electricidad durante más de 20 horas en diversos puntos del país, un evento que ha tenido repercusiones en múltiples ámbitos, desde la economía hasta los servicios básicos y, por supuesto, la justicia.
El parón judicial afecta a miles de procedimientos en marcha, incluidos juicios penales, vistas civiles, diligencias administrativas y trámites en juzgados de instrucción. También complica gestiones relacionadas con registros, notificaciones electrónicas y otros servicios dependientes de las redes informáticas judiciales, muchas de las cuales quedaron inutilizadas tras el colapso eléctrico.
La justicia digital, también a oscuras
En los últimos años, el sistema judicial español ha avanzado notablemente en digitalización, con plataformas como LexNET o Minerva. Sin embargo, este apagón ha evidenciado la vulnerabilidad de un modelo tan dependiente de la conectividad y la energía, y ha generado debate sobre la necesidad de protocolos de contingencia ante situaciones de emergencia.
Jueces decanos y colegios de abogados ya han comenzado a plantear propuestas para garantizar que, en futuras incidencias, se disponga de medidas alternativas o sistemas de respaldo que permitan mantener el servicio en condiciones mínimas de funcionamiento.
En todo caso, el CGPJ insiste en que la seguridad jurídica de los ciudadanos está garantizada y que se está actuando con rapidez y responsabilidad para minimizar el impacto del apagón en la administración de justicia.
Con esta suspensión temporal, el Poder Judicial trata de adaptarse a una situación excepcional, asegurando que ningún proceso se vea afectado de forma irreversible por causas técnicas o ajenas a las partes. La recuperación de la normalidad judicial dependerá, en gran parte, de la evolución del sistema eléctrico en las próximas horas.
