Si eres autónomo y recibiste ayudas en el COVID, puedes deber mucho dinero

Cuatro años después del inicio de la pandemia de Covid-19, un total de 45.357 autónomos españoles tendrán que devolver las ayudas económicas que recibieron durante la emergencia sanitaria al no cumplir con los requisitos establecidos. Así lo confirmó el Gobierno de España en una reciente sesión parlamentaria, donde se ofrecieron cifras actualizadas sobre esta cuestión. Esta cifra representa un 3,05% de las solicitudes gestionadas y pone de manifiesto las discrepancias entre las previsiones iniciales y la realidad de las devoluciones requeridas. 

Durante los primeros meses de la pandemia,  el Gobierno implementó medidas extraordinarias para proteger a los trabajadores autónomos, uno de los colectivos más afectados por las restricciones y el cese de la actividad. Entre estas medidas destacó la Prestación Extraordinaria por cese de Actividad (PECATA), que se financió  con un gasto neto de al menos 3.741 millones de euros en prestaciones, además de excepciones en las cotizaciones sociales. Según datos oficiales, casi 1,5 millones de autónomos se beneficiaron de este salvavidas económico que se lanzó en un momento de crisis sanitaria y económica sin precedentes. 

Sin embargo, conforme se han ido revisando las solicitudes,  se ha identificado que miles de beneficiarios recibieron estas ayudas sin cumplir con alguno de los requisitos fundamentales. En respuesta, la Administración ha enviado cartas reclamando la devolución de los importes indebidamente percibidos, lo que ha generado malestar y preocupación entre los afectados. 

¿Qué requisitos son necesarios para solicitar la prestación?

La PECATA, aprobada tras la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, incluía una serie de requisitos específicos que debían cumplir los autónomos para acceder a las ayudas. Entre ellos, era imprescindible estar dado de alta en la Seguridad Social y al corriente en el pago de las cuotas. Además, se exigía que los profesionales hubieran cesado completamente su actividad como consecuencia de las restricciones impuestas durante la pandemia.

Sin embargo, muchos autónomos alegan que la información sobre los requisitos era confusa y que los textos explicativos publicados durante la crisis sanitaria generaron errores en la interpretación. «Se nos exigía actuar con rapidez para solicitar las ayudas en un momento crítico, pero no siempre quedaba claro qué condiciones debíamos cumplir», señala Juan Gutiérrez, portavoz de una asociación de autónomos.

Numerosas discrepancias en las cifras

A pesar de los datos presentados en el Parlamento, el Tribunal de Cuentas ofreció una estimación mucho mayor en un informe publicado en diciembre de 2023. Según este organismo, hasta 281.000 autónomos podrían haber recibido estas ayudas de manera indebida, lo que representaría un importe total de 505,5 millones de euros.

El informe desglosa esta cifra en dos grandes bloques: unos 125.000 autónomos no cumplían con el requisito de estar dados de alta en la Seguridad Social o al corriente de pago, lo que supuso un gasto indebido de 119,5 millones de euros. Por otro lado, 156.000 autónomos habrían solicitado la prestación sin haber suspendido su actividad económica, lo que se traduce en 386 millones de euros adicionales.

Estas cifras contrastan significativamente con los 45.357 casos confirmados por el Gobierno, lo que sugiere que podría haber discrepancias en los criterios de evaluación o en los procedimientos de revisión.

Consecuencias para los autónomos

Para muchos trabajadores por cuenta propia, la reclamación de estas devoluciones supone un nuevo golpe económico en un contexto todavía incierto para el sector. «No estamos hablando de grandes empresas con capacidad financiera para afrontar estos pagos, sino de pequeños emprendedores que ya han sufrido bastante durante la pandemia», apunta María López, presidenta de una asociación de defensa de autónomos.

Además, los afectados denuncian que las comunicaciones de la Administración en muchos casos no explican con claridad las razones por las cuales se considera que las ayudas fueron indebidamente percibidas. «Nos están pidiendo devolver dinero sin aportar pruebas claras de que no cumplíamos los requisitos», critica un autónomo afectado.

El futuro de las ayudas y la fiscalización

La controversia en torno a las devoluciones de las ayudas de la Covid-19 pone de relieve la importancia de establecer sistemas más claros y eficaces para la gestión de estas prestaciones en situaciones de emergencia. «Es esencial que aprendamos de los errores cometidos durante esta crisis para garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan, sin generar confusiones ni situaciones injustas», concluye López.

Mientras tanto, los autónomos afectados estudian posibles recursos legales para evitar la devolución de unas ayudas que consideran legítimas. Por su parte, el Gobierno insiste en que las reclamaciones responden al cumplimiento de la ley y que las cifras actuales reflejan un porcentaje mínimo en comparación con el volumen total de ayudas concedidas.

Con este panorama, el debate sobre la gestión de los fondos públicos durante la pandemia sigue abierto, poniendo de manifiesto los retos de equilibrar la urgencia de actuar con la necesidad de fiscalización rigurosa en tiempos de crisis.