Así funciona la nueva ley contra los bulos que ha aprobado el Gobierno

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó, en primera vuelta, el anteproyecto de la Ley Orgánica reguladora del derecho a la rectificación, la cual reemplazará por completo a una norma de 1984 y que tiene como finalidad facilitar este derecho a los que se ven perjudicados por los bulos.

La novedad más importante es que ya no sólo los medios de comunicación podrán rectificarse, sino también los influencers y medios digitales que difundan o compartan informaciones imprecisas o directamente mentiras.

En concreto, serán los ‘usuarios de gran relevancia’ en redes sociales los que podrían estar obligados a corregir sus declaraciones. Para ser considerado como tal, se debe contar con un mínimo de 100.000 seguidores en total en todas las redes sociales.

«Es imprescindible modernizar, adaptar a la realidad del siglo XXI el Derecho a la Rectificación y también ser conscientes del impacto que está llevando a cabo en todas las democracias», ha defendido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha sido el encargado de detallar la normativa.

Esta ley está contemplada en el Plan de Acción por la Democracia, así como es la quinta de un paquete de 31 que se ha puesto en marcha.

Más detalles de la ley anti bulos

El anteproyecto también extiende el plazo para pedir la rectificación, pasando de 7 días actuales a los 10 días, y suprime el requisito de que el escrito de rectificación deba dirigirse al director del medio.

Bolaños ha justificado esto último en que existen «pseudomedios» en los que no se sabe quién es el director.

La nueva ley consta de siete artículos. El primero aborda el objeto de los titulares del derecho de rectificación, ampliando el número de personas que pueden ejercerlo.

Por ejemplo, los familiares cercanos de personas fallecidas podrán hacer uso de este derecho, y se refuerzan las garantías para las personas con discapacidad.

Entre otras novedades, se incluye la eliminación del requisito de que la respuesta sea por escrito, lo que permitirá una resolución judicial más ágil si fuera necesario. El anteproyecto, además, establece medidas para alertar cuando una información sea falsa o haya sido modificada.

Por otro lado, la ley mantiene que la difusión de la rectificación debe ser completa y tener una importancia similar a la de la publicación inicial.

Además, se establece la obligación de incluir un aviso indicando que la información ha sido corregida en plataformas y medios digitales, con el requisito de enlazar tanto la corrección como el contenido original.