Yolanda Díaz reprocha la congelación del SMI: “Estamos discutiendo por 30 céntimos”

Las presiones del bloque socialista han echado por tierra el gran objetivo de Yolanda Díaz de subir en enero el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima de la barrera de los 1.000 euros. Una derrota política que ha escocido a la ministra de Trabajo, que mantiene su discurso de que la carga económica de la reforma no iba a suponer un gran impacto en el sector empresarial.

La ministra de Unidas Podemos ha deslizado una nueva crítica tanto a la patronal como al ala del Gobierno que encabeza la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Son los dos grandes artífices del bloqueo de la subida salarial que no se ejecutará por lo menos hasta mediados del 2021.

“Estamos discutiendo por 30 céntimos al día para los trabajadores que más lo necesitan. Me da un poco de tristeza, creo que las empresas españolas pueden soportar una revalorización”, ha asegurado la ministra de Trabajo en una entrevista en la Cadena SER.

Díaz ha tratado de marcar diferencias con el resto de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez para mantener su compromiso electoral de incrementar los sueldos de los trabajadores que menos cobran año a año. Un debate que no se reabrirá de nuevo, por lo menos, hasta el mes de junio. “Mi posición es clara, yo siempre voy a estar del lado de los más débiles”, ha reprochado.

La patronal frena la subida salarial

La negociación con los agentes sociales se torció por el rechazo de la Confederación Estatal de Organizaciones Empresariales (CEOE) que hizo una fuerte campaña para no tocar los salarios de los españoles hasta que se superase la crisis económica del coronavirus. El espaldarazo de varios ministros socialistas a la patronal terminó de decantar la balanza.

«¿Por qué vamos a revalorizar los salarios de funcionarios y de los colectivos que están en convenios colectivos y por qué dejamos fuera de esa actualización a los más vulnerables?” se ha preguntado Díaz.

Un estudio económico reciente elaborado por Cepyme y Randstad Research estimó que el incremento salarial por encima de los 1.000 euros al mes podría desencadenar un efecto negativo en el mercado de trabajo con la destrucción de hasta 135.000 empleos en toda España.

Yolanda Díaz se ve obligada a prorrogar el salario mínimo

El enfrentamiento político ha forzado a Yolanda Díaz a llevar al último Consejo de Ministros una prórroga del actual Salario Mínimo Interprofesional para garantizar que, por lo menos, se mantengan las condiciones económicas que se pactaron en la última subida.

“El SMI tiene un plazo de caducidad, que es el año natural. Sin esa prórroga del SMI que aprobamos ayer lo que ocurriría el día 1 de enero es que se dejaría de recibir ese salario mínimo”, ha justificado la ministra de Unidas Podemos.

El último retoque de la normativa permitió elevar los sueldos más bajos de los españoles hasta los 950 euros al mes en catorce pagas. Fue un leve incremento del 5,5% pero ya venía precedido de la gran subida que se aprobó en el 2019, cuando pasó de los 736 euros a los 900.

Sin embargo, el Gobierno de coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos se comprometió en el inicio de la legislatura con un salario mínimo que represente por lo menos el 60% de la remuneración media del país. Unas condiciones que los sindicatos no olvidan en cada uno de los intentos frustrados de negociar una nueva subida.

Yolanda Díaz quiere cerrar una prórroga de los ERTE en dos semanas

Tras esta derrota política, la ministra de Trabajo ha tratado de allanar el terreno para desencallar otra de las negociaciones pendientes con los agentes sociales: la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que vencen justo dentro de un mes.

Díaz está dispuesta a simplificar los procedimientos para solicitar estos subsidios, que se han convertido en una herramienta clave durante la fase de rebrotes, con el objetivo de convencer cuanto antes a los sindicatos y a la patronal.  

“Me gustaría que esta negociación de los ERTE en nuestro país no agotase su tramo hasta el 31 de enero. Voy a pedir a los agentes sociales que no llevemos la negociación más allá del 15 de enero”, ha señalado.

España cerrará el año con cerca de 700.000 personas todavía bajo el paraguas de este instrumento laboral, como consecuencia de las restricciones de la segunda oleada de contagios. Su mantenimiento tendrá asociado un coste de cerca de 6.500 millones de euros al mes.