Vox quiere que Puente comparezca para dar cuenta de las supuestas irregularidades del ‘caso Koldo’

Vox registró este jueves la solicitud de comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la comisión del Congreso sobre esta materia para detallar si Koldo García «manejó fondos públicos durante el ejercicio de sus funciones como asesor» del exministro José Luis Ábalos.

Así lo pidió Vox en la Cámara Baja después de que el exasesor de Ábalos y otras personas fueran detenidas por presuntamente haber cobrado comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid-19. Los de Abascal presentaron hoy más iniciativas referentes a este caso.

Registraron también en el Congreso una batería de preguntas por escrito para conocer «de qué modo va a exigir el Gobierno responsabilidades» por su gestión si los implicados en esta trama resultan condenados y si va a colaborar en la investigación de la «posible ilicitud de las adjudicaciones de los aludidos contratos».

Al mismo tiempo, registró una pregunta oral en comisión al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible para saber si «tiene conocimiento de si Koldo García Izaguirre recibió algún tipo de comisión o emolumento ilegal durante el desempeño de sus funciones como asesor» al servicio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Además, Vox solicitó también la copia de todos los expedientes de los contratos públicos adjudicados desde el 1 de febrero de 2020 hasta la actualidad a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L. Recordó que ya en abril y septiembre de 2020 presentó varias preguntadas en este sentido.

En concreto, las preguntas eran referidas al hecho de que, según refirieron varios medios de comunicación, el entonces denominado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana «habría destinado millones de euros a la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL, mercantil».

Ante ello, el Gobierno respondió que ese Ministerio tuvo durante el estado de alarma «la condición de autoridad competente delegada en sus áreas de responsabilidad» y que «no consta, por otro lado, que la empresa esté incursa en ninguna de las causas que inhabilitan para contratar con el sector público».

El Ejecutivo dijo también que «antes de la contratación con esta empresa, los órganos de contratación recabaron, de acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación pública, la escritura de constitución de la empresa y certificados de la AEAT y de la Seguridad Social de que la empresa está al corriente de sus obligaciones tributarias y de cotización».

Sin embargo, los de Abascal denuncian que cuatro años después se está detallando la información sobre la «adjudicación ilícita que este grupo parlamentario ya evidenció en 2020».