El plan de vivienda de Sánchez, contra Ayuso (y Puigdemont): esconde una recentralización de la fiscalidad autonómica

La limitación de compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes en la Unión Europea ha sido una de las medidas que ha levantado mayor polvareda entre la batería de propuestas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de atajar la crisis de vivienda que asola el país. Para materializar la iniciativa, el líder del Ejecutivo se propone modificar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que supondría una armonización fiscal en vivienda, al estar el gravamen cedido a las comunidades autónomas.

El objetivo, según explicó Sánchez, es frenar la compra de vivienda por parte de ciudadanos procedentes del territorio extracomunitario a través del incremento de hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar cuando compran una casa en España. De esta manera, aspira a «priorizar» que los inmuebles disponibles acaben en manos de los residentes en España.

A pesar de que fuentes gubernamentales han detallado a Economía Digital que, por el momento, se están estudiando todas las opciones para poder aplicar la medida, también han reconocido que está encima de la mesa una modificación del ITP.

El problema es que esta figura tributaria, tal y como establece la legislación, pertenece a las competencias de las comunidades autónomas. Esto significa que el Ejecutivo de Sánchez debería llevar a cabo reformas legislativas que en la práctica supondrían una recentralización de algunos segmentos de la fiscalidad autonómica de la vivienda, como el ITP. Por lo menos, tal y como ha propuesto Sánchez, para los no residentes, aunque, una vez abierto el melón fiscal, la recentralización o armonización fiscal podría ir más allá.

Desde el Gobierno apuntan a que estos cambios deben incluirse en una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que es la que regula el sistema de régimen común. La recentralización de parte de los impuestos autonómicos a la vivienda busca ser un nuevo torpedo en la línea de flotación de las autonomías gobernadas por el PP que llevan la bandera de impuestos bajos, especialmente la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, que tiene la tributación sobre la vivienda (de segunda mano) más baja de España.

A falta de comprobar la extensión del supuesto concierto económico catalán, la reforma de la Lofca supondría también una armonización de la fiscalidad para no residentes en Cataluña sobre la vivienda. También supondría un ataque a uno de los socios del Gobierno, Junts, que preside Carles Puigdemont y que pretende someter al líder del Ejecutivo a una cuestión de confianza. La única forma de evitar la armonización sería incluir en la llamada «fiscalidad singular» catalana, competencias diferenciadas al respecto, por lo que Cataluña gozaría de privilegios específicos para los inversores inmobiliarios.

Armonización fiscal

Cabe recordar que el ITP se debe desembolsar cuando se compra una vivienda de segunda mano en España. Dado que el gravamen está transferido a las comunidades autónomas, cada una aplica un porcentaje determinado sobre el valor de referencia del catastro, por lo que en función de la región en la que esté emplazado el inmueble el importe puede variar.

Concretamente, se paga el gravamen por las transmisiones retribuidas realizadas en vida de bienes que forman parte del patrimonio de las personas físicas o jurídicas, si bien también afecta a la constitución de derechos, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas.

La Comunidad de Madrid y Navarra son las regiones con un ITP más reducido en 2024, del 6%, a las cuales siguen las Islas Canarias, con un 6,5%, y Andalucía, La Rioja y el País Vasco, con un 7%. En contraposición, los porcentajes más elevados se encuentran en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con unos tipos del 10 y el 11%, así como las Islas Baleares, donde parten del 8% y pueden escalar hasta el 13%.

Plan de vivienda

En el plano fiscal, el paquete de medidas anunciado por el presidente del Gobierno también recoge una exención del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, independientemente de que no se encuentren dentro de una zona declarada como tensionada. Además, se reformará la fiscalidad reformará para que los pisos turísticos tributen como un negocio y se cambiará el régimen de las socimi para que solo aplique a la promoción de vivienda para alquiler asequible.

También contempla el lanzamiento de un programa de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas a alquiler a precio asequible y la creación de un sistema de garantías públicas para proteger a los propietarios e inquilinos protegerán a los propietarios y a los inquilinos que participen en este tipo de alquiler.

El plan, que se prevé comenzar a aplicar el próximo año, no solo incluye la transferencia de más de 3.300 viviendas y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva empresa pública de vivienda para poner ofrecer viviendas protegidas para alquiler asequible, sino también la absorción de las más de 30.000 viviendas que gestiona actualmente la Sareb.

Más allá de endurecer la regulación de los alquileres turísticos de temporada y la creación de un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales puedan reforzar las inspecciones, se creará un Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) de Viviendas, que pondrá el acento sobre la modernización del sector la construcción industrializada y modular.