Un exconseller de Puigdemont pide 20.000 euros al Gobierno
Carles Mundó, cesado con la aplicación del 155, reclama una indemnización al Ministerio de Justicia por su encarcelación en noviembre de 2017
Carles Mundó, exconsejero de Justicia del Govern de Carles Puigdemont, ha reclamado al Gobierno una indemnización de casi 20.000 euros por su encarcelamiento en noviembre de 2017, dos meses después del referéndum ilegal del 1-O por el que fue procesado en el juicio al procés.
Mundó exige al Ministerio de Justicia 19.409 euros por haber permanecido en prisión preventiva durante 33 días poco después de haber sido cesado en su cargo con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la Generalitat de Cataluña.
Mundó fue juzgado por el Tribunal Supremo en el juicio que acabó con condenas de cárcel para nueve líderes independentistas. Si bien la Fiscalía le acusaba de desobediencia y malversación, y la Abogacía del Estado de sedición y malversación, finalmente solo fue condenado por desobediencia a diez meses de multa de 200 euros diarios y 20 meses de inhabilitación especial. Es decir, no tuvo que ingresar en prisión más allá de los 33 días en los que estuvo en la preventiva, y ese es el motivo de su solicitud de indemnización.
El exconseller de Justicia del gobierno del fugado Puigdemont, en un escrito de reclamación patrimonial dirigido al Ministerio, ha señalado que fue encarcelado de forma «indebida» y acusado de delitos castigados con prisión de los que luego fue absuelto, lo que ha ocasionado daños económicos, psicológicos y morales que estima en casi 20.000 euros, según la documentación presentada. La multa que le impuso el Supremo por su condena fue de 60.000 euros; tres veces más de la cuantía que reclama.
Tal com vaig anunciar després de la sentència del TS, he reclamat a l’Estat pels 33 dies que vaig passar a la presó injustament. El dany és irreparable, però vull que l’Estat reconegui el seu error. L’import que obtingui el destinaré a ajudar la resta de represaliats. #Llibertat pic.twitter.com/qpBJVoYizm
— Carles Mundó 🎗 (@CarlesMundo) June 10, 2020
Los 33 días en prisión significaron para Mundó la pérdida de ingresos a su familia, un «impacto emocional» para sus tres hijos que derivó en tratamiento psicológico y daños a su «honorabilidad» por la permanente exposición de su nombre vinculado a graves delitos, según su escrito de reclamación. En noviembre de 2017, cuando fue detenido, Mundó trabajaba en un despacho de abogados, tras haber sido cesado del Govern. Tras las elecciones de diciembre resultó electo diputado, pero renunció a su escaño en enero de 2018.
Mundó ha afirmado que toda la situación fue «una carga que, como se ha visto en la sentencia absolutoria, nunca debería haber soportado, y muchos menos la prisión preventiva más de un mes». Añade que la exposición mediática resultó también en «situaciones incómodas en el espacio público, en forma de insultos y otras expresiones inapropiadas», lo que supone un «elemento muy relevante» para justificar su reclamo de un importe superior al que se solicita cuando no se acredita ninguna circunstancia especial.
Apartado de la política
Carles Mundó ingresó en prisión por orden de la Audiencia Nacional, tras haber presentado la Fiscalía su querella contra el Govern de Puigdemont por el proceso de independencia. Permaneció encarcelado hasta el 4 de diciembre, cuando el Supremo lo puso en libertad bajo fianza de 100.000 euros. Finalmente, en su sentencia de octubre de 2019, el alto tribunal le absolvió del delito de malversación y le condenó únicamente a la inhabilitación y a una multa por desobediencia, que no acarrea penas de prisión.
Desde que renunció a su escaño en el Parlament alegando «motivos personales», Mundó ha permanecido al margen de la primera línea de la política y se ha dedicado a su profesión de abogado, pero sin separarse de su partido, ERC, ni negar su pasado, toda vez que en el otoño de 2019 anunció su primer libro, El referéndum inevitable. También sigue escribiendo artículos de opinión que se publican en numerosos medios catalanes.
