UGT quiere que el Gobierno mantenga la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas en viviendas
El sindicato remarca que el suministro de energía es "esencial para una vida digna"
UGT reclamó este viernes que la prohibición temporal de los cortes de suministros esenciales (electricidad, agua y gas natural), que finalizará a finales de año, alcance carácter permanente hasta que se regule el principio de precaución que ya funciona en Cataluña desde 2015, y que prohíbe a las empresas distribuidoras interrumpir los suministros a las personas en situación de riesgo o exclusión social, sin solicitar previamente un informe a los servicios sociales.
Con motivo de la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, que se celebra del 17 al 23 de febrero, el sindicato animó en un comunicado a la ciudadanía a participar en las distintas movilizaciones convocadas para reclamar medidas innovadoras que prevengan y combatan la pobreza energética.
Según explicó el sindicato, a pesar de las medidas implementadas por el Gobierno, la pobreza energética sigue aumentando. Los últimos datos disponibles, referidos a 2021, ponen de manifiesto que tres de los cuatro indicadores que la miden se han reducido ligeramente respecto al año anterior: gasto desproporcionado (-0,4 puntos porcentuales), pobreza energética escondida (-1,0), y retraso en el pago de las facturas de los suministros de la vivienda (-0,1).
Sin embargo, indicó que ha aumentado significativamente (+3,4 puntos) el porcentaje de población que no ha podido mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, alcanzando los cuatro indicadores datos «muy alejados» de los objetivos previstos para 2025 en la Estrategia Nacional.
«El suministro de energía es esencial para una vida digna, e imprescindible para el ejercicio adecuado de otros derechos fundamentales como la alimentación, la vivienda, la educación, la salud física y mental, o las comunicaciones electrónicas; y el acceso a la energía tiene su impacto en la desigualdad», advirtió UGT.
En este punto, exigió el impulso del diálogo social, de cara a la actualización de la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (ENPE) 2019-2024, y la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
También demandó que se acometan las mejoras que ya están recogidas en la Estrategia, como la automatización del bono social o la creación de una tarifa social; y se implementen con nuevas medidas como la exigencia de otros criterios para que puedan beneficiarse del bono social las familias numerosas, la aprobación de políticas de rentas más distributivas, incrementar el gasto destinado a tal fin y acometer las reformas necesarias para proteger y poner en el centro a las personas vulnerables.