El TS rechaza paralizar el debate de investidura como pedía Vox
La formación presidida por Santiago Abascal pedía medidas cautelares urgentes para detener el "autogolpe de Estado" que conllevará la "irreversible" investidura del candidato socialista a reeditar el gobierno de coalición, Pedro Sánchez
El presidente de Vox, Santiago Abascal. EFE/Javier Lizón
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El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la medida cautelar pedida por Vox en la querella que ha presentado contra el candidato socialista a liderar el Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero también el líder de Junts, Carles Puigdemont. Concretamente, los de Abascal habían reclamado la suspensión del Pleno del Congreso de los Diputados de para la investidura del secretario general del PSOE.
Así lo ha expresado la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que también ha remarcado que ha optado por tomar esta decisión «al no existir elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno».
La resolución añade que la Sala tiene por recibida la querella de Vox, presentada por supuestos delitos de cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, derivados de los acuerdos de PSOE y Junts sobre la ley de amnistía y el pacto de investidura.
La Sala ha designado ponente para conocer la causa al magistrado Eduardo de Porres, conforme al turno previamente establecido, y da un plazo de cinco días a Vox para que aporte poder especial en el que conste contra quién va dirigida la querella y el delito. El tribunal se pronunciará en su momento sobre la admisión o no de la misma.
Vox pedía medidas cautelares urgentes
En su querella, Vox solicitaba al Supremo que acordara «la inmediata suspensión de los trámites para la investidura de Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno».
El partido instó a la solicitud de medidas cautelares urgentes «para detener lo que una vez aprobada la investidura será irreversible» que es «un autogolpe al Estado y a las instituciones y desde las instituciones, con apariencia fraudulenta de democracia y un cambio de régimen desde las instituciones».
Decía Vox que si no se suspende la tramitación de la investidura, Sánchez obtendrá el definitivo favor del apoyo parlamentario y «seguirá su curso el conjunto de iniciativas para aprobar la ley de amnistía, la convocatoria de un inconstitucional e ilegítimo referéndum de autodeterminación o el encargo al relator internacional, quedando todo ello extramuros de la potestad jurisdiccional si se ejecuta mediante normas con rango de ley».
Asimismo, «y en uso de una maquillada apariencia de legalidad, dando trámite a sus propuestas, obligará al rey a refrendar un nombramiento de presidente con racionales y razonables indicios de criminalidad, y luego en su caso a sancionar unas normas manifiestamente inconstitucionales» y que «constituye un acto contrario a la Monarquía y a las funciones constitucionales del rey».
