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El TS admite la denuncia contra Yolanda Díaz por su reunión con Puigdemont
Sociedad Civil Catalana alega que la vicepresidenta en funciones incumplió sus deberes como funcionaria pública
El Tribunal Supremo de España ha admitido a trámite la denuncia presentada contra la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, por su reunión con el expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, el pasado 4 de septiembre. La denuncia, interpuesta por Sociedad Civil Catalana (SCC), alega que Díaz incumplió sus obligaciones como funcionaria pública y que su actuación merece una investigación más profunda.
La denuncia, presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se basa en el artículo 408 del Código Penal, que establece que «la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, deje intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.»
En su denuncia, SCC argumenta que Yolanda Díaz no actuó en calidad de líder de Sumar, sino que representó al Gobierno en funciones en su reunión con Carles Puigdemont. La organización sostiene que Díaz incumplió sus deberes como funcionaria pública al no «promover la persecución de personas encausadas por delitos graves» relacionados con el proceso independentista catalán.
SCC también señala que la vicepresidenta no fue destituida de su cargo a pesar de su reunión pública con Puigdemont y otros fugitivos relacionados con el procés, lo que, según la organización, respalda la idea de que actuó en representación del Gobierno en funciones.
En el documento presentado ante el Tribunal Supremo, SCC destaca la gravedad de la reunión, calificándola como «inaudita» y una «imagen lamentable» de España en el ámbito internacional. La organización argumenta que la conducta de Díaz pone en peligro el interés general y las instituciones del Estado.
Sociedad Civil Catalana ha anunciado su determinación de proceder penalmente contra la vicepresidenta Yolanda Díaz y cualquier otra persona que, después de la investigación en curso, se determine como responsable de los hechos denunciados.