El Tribunal de Cuentas rechaza suspender el procedimiento por el 1-O

El Tribunal de Cuentas decidió seguir adelante con los procedimientos judiciales contra el referéndum ilegal del 1-O y las causas contra Diplocat, la entidad público privada encargada de promocionar el independentismo en el exterior.

Asimismo el Tribunal seguirá con la causa que acoge contra 35 ex altos cargos catalanes por el desvío de fondos públicos para el procés

Además, la Consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento ha dictado un auto que rechaza suspender el Procedimiento de Reintegro que habían elevado nueve dirigentes independentistas, entre ellos Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raúl Romeva.

Desconocimiento de la ley de amnistía

Esta decisión se ha tomado a pesar del proyecto de ley de amnistía, que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados y luego pasará por el Senado.

Según ha argumentado la consejera Elena Hernáez el rechazo se debe a que “se desconocen los términos de la ley (de amnistía) pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales”.

Hernáez sostiene en su auto, que puede ser recurrido, que «a la vista del estado de tramitación parlamentaria» en la que se encuentra la iniciativa, su aprobación «no es indubitada ni tampoco lo es la eficacia que el texto definitivo de esa norma legal pueda eventualmente desplegar” sobre la causa judicial.

El Tribunal sigue el criterio de la Fiscalía

Precisamente ayer el pleno del Congreso rechazó con los votos del bloque de la investidura las enmiendas a la totalidad presentadas a la ley por el PP y Vox.

El Tribunal de Cuentas sigue con esta resolución el criterio de la Fiscalía, que adujo que la ley de amnistía es «un hecho futuro y relativamente incierto», y de la demandante Societat Civil Catalana.

Este procedimiento trata de dirimir la presunta responsabilidad contable de 35 ex altos cargos de la administración catalana, incluidos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers, en el desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del procés.

La Fiscalía cifra ese supuesto desvío en unos 3,4 millones de euros, que solicita que abonen los demandados, mientras que SCC lo eleva a 5,3 millones.