Torrent burla al TC pero provoca otro incendio en el independentismo

El Parlament ha vuelto a aprobar este martes una nueva moción que aboga por ejercer la autodeterminación pero la forma de hacerlo, por la vía rápida para evitar que el Tribunal Constitucional (TC) tuviera tiempo de suspender la votación, como solicitó el viernes el Gobierno, ha provocado una nueva bronca en el seno del independentismo. 

En virtud de la moción, presentada por la CUP, el Parlament expresa «su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho de autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán». El presidente de la cámara, Roger Torrent (ERC), insistió la semana pasada en que no acataría las advertencias del TC de no tramitar mociones que avalen la autodeterminación, pero a la hora de la verdad, optó por modificar el calendario para adelantarse a la previsible suspensión de la votación por parte del alto tribunal, que se reunía este mismo martes por la mañana para debatir el asunto, y evitar así incurrir en un posible delito de desobediencia. 

Está por ver que haya conseguido ese ultimo objetivo, porque ya había avisos previos a raiz de otras propuestas de resolución igualmente impugnadas. Pero, sea como fuere, la maniobra de Torrent soliviantó a Junts per Catalunya (JxCat) y al gobierno de Quim Torra. O, al menos, de la parte del mismo en manos de los posconvergentes. Al fin y al cabo, la resolución no tiene efectos prácticos y formalmente queda suspendida igualmente, y la maniobra de Torrent vuelve a aguar el enésimo amago de pulso al TC, convertido así, en palabras del líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en «un pellizco de monja», que duele «pero no deja huella.

El pleno estaba previsto, como es habitual, para el miércoles y el jueves. Torrent ya había alegado un problema de agenda para mover el inicio de la sesión a las 3 de la tarde de este martes. Pero el lunes, habida cuenta de que el Constitucional se reunía el mismo martes por la mañana, el Parlament anunció que el pleno se avanzaba finalmente a las nueve de la mañana.

Reproches del govern a Torrent

El cambio de horario provocó la protesta de la Generalitat, formalizada en una carta de la consellera portavoz, Meritxell Budó, a Torrent, en la que le expresa «el malestar» del govern por haber convocado el pleno «sin aviso previo ni consenso» de manera «casi simultánea» a la reunión del consejo ejecutivo. Un solapamiento que afecta, dice Budó, a «los derechos como diputados» de los dos miembros del govern con escaño en la cámara: el conseller Miquel Buch y el propio president Torra, ambos de JxCat. Ni ellos ni ningún otro miembro del govern asistieron al pleno.

El pique, en todo caso, no impidió que al principio de la sesión, JxCat, ERC y la CUP se pusieran de acuerdo para forzar un cambio del orden del día y abrir el pleno, pese a las protestas de Cs, PSC y PP, con la votación de la propuesta de la CUP, inicialmente situada como la última de la mañana. Era la única manera de anticiparse al TC, que se reunía mientras tanto y acordaba por unanimidad suspender la votación al admitir a trámite los dos incidentes de ejecución presentados el viernes por el gobierno en funciones de Pedro Sánchez: uno contra la resolución que la Mesa del Parlament tomó el 29 de octubre y otro contra la del 5 de noviembre, cuando la Mesa ratificó la tramitación al rechazar las reconsideraciones planteadas por PSC, Cs y PP.

De hecho, el Constitucional informó de su decisión justo antes del inicio de la votación. Así se lo hizo ver a Torrent Carlos Carrizosa, de Cs, pero el presidente del Parlament alegó que la cámara no había recibido aún ninguna notificación oficial al respecto. Los diputados del partido naranja optaron por abandonar el hemiciclo, mientras que el PP y el PSC se quedaron pero no participaron en la votación.

Enfado de la CUP con ERC y JxCat

La resolución se aprobó con el apoyo de los tres partidos independentistas y la abstención de los comunes, pero solo en su primer punto, el que hacía referencia a la autodeterminación, lo que también irritó a la CUP, que planteaba también una nutrida y variada bateria de medidas que hacían de su propuesta poco menos que un programa político, y que fueron rechazadas de plano por los partidos del govern: de la eliminación de las tasas universitarias a la amnistía «para todas las represalidas del régimen, de la creación de un salario mínimo de 1.200 euros a la disolución de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra y el cese del conseller de Interior.