Torra dobla el pulso: anuncia acciones penales ante la Junta Electoral
El presidente catalán argumenta que la Junta Electoral no tiene legitimidad para obligar al Parlament a despojarle de su acta de diputado
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no desiste en su pugna con la Junta Electoral Central (JEC), el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Este viernes, un día después del auto del Supremo que dio la razón a la JEC para retirar su acta de diputado en el Parlament, el líder independentista ha denunciado «presiones» y ha amenazado con «las acciones legales pertinentes, también de carácter penal».
En un comunicado de la Oficina del Presidente de la Generalitat ha afirmado que se pretende someter a «presiones» al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a otros miembros de la Cámara para privar al president de su acta de diputado autonómico, sin la cual no podría seguir ejerciendo funciones como máximo representante de la Generalitat. Y ha denunciado que las presiones ya son «insostenibles».
«Quien, sin estar autorizado legítimamente, obligue a otro a realizar lo que no quiere, sea justo o injusto, estará incurriendo en un presunto delito de coacciones», añade el comunicado, en el que avisa que «no renunciaremos a ejercer las acciones legales pertinentes, también de carácter penal». La Oficina ha insistido en que solo el Parlament, previa «sentencia firme», puede revocar la condición de diputado.
No ha escatimado la oficina de Torra en transmitir más calificativos sobre la JEC, a la que considera «un órgano administrativo, incompetente para dictar la resolución por la cual se le quiere privar» de su condición parlamentaria. Y ha lamentado que todo este episodio «no es nada más que una anomalía democrática que genera un conflicto institucional que excede el ámbito del propio Parlament».
Por último, advierte de que no dudará en «ejercer las acciones legales oportunas en caso de que persistan» las presuntas coacciones, «que podrían estar incurriendo en un presunto delito de calumnias y/o injurias».
Los letrados del Parlament quedan fuera del pulso
Roger Torrent (ERC) está ante una encrucijada. El presidente del Parlament se debate entre respaldar a Quim Torra (JxCat) y sostener su acta de diputado autonómico en contra de las órdenes de la JEC, lo que le acarrearía una denuncia por prevaricación y desobediencia, o acatar la decisión del Tribunal Supremo, que avaló el acuerdo de la Junta Electoral de retirarle su acta de diputado. Esto significaría ahondar en la división entre las principales formaciones independentistas, ERC y JxCat.
El alto tribunal rechazó este jueves suspender de forma cautelar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para retirar el acta a Torra por un delito de desobediencia. La resolución del Supremo propició que los grupos de Ciudadanos y PSC en el Parlament pidieran a Torrent una consulta a los letrados de la Cámara para determinar la situación de Torra en el próximo pleno, que se celebrará el próximo lunes 28.
No obstante, esta reunión aún no tiene la confirmación oficial. Según fuentes de Catalunya en Comú, PPC y la CUP, en declaraciones a la agencia Efe, estas formaciones consideran que no es necesario un nuevo informe, ya que los letrados del Parlament hicieron uno hace unas semanas. No obstante, no ven incoveniente en un se redacte uno nuevo a petición del resto de grupos.
Algo que también indican fuentes jurídicas de la Cámara, que descartan hacer otro informe si no es a petición de Torrent o del presidente de la Mesa. Y defienden que hay algo que no cambia: «El fondo de la cuestión». En este sentido, sostienen que el informe vigente ya dictaminaba que la JEC no es un competente para inhabilitar a un diputado sin que pese una sentencia firme, como es el caso de Torra.
Asimismo, las mismas fuentes apuntan que retirar o no el acta a Torra se trata de una «decisión política» que, en cualquier caso, tendrá que llegar de urgencia ante la cercanía del próximo Pleno del Parlament.
48 horas para nombrar al sucesor de Torra
De esta forma, la última orden de la JEC, dirigida al Parlament, pide sustituir al diputado Torra en un plazo de 48 horas. Mientras que tanto Torrent como su formación, ERC, prefieren mantener la cautela y no hacer declaraciones, el vicepresidente de la Cámara, Josep Costa, de JxCat, ha asegurado en TV3 que no hay «ninguna circunstancia nueva» para cambiar el último informe de los letrados.
Asimismo, ha reiterado la opinión generalizada entre los grupos independentistas del Parlament. «Nadie puede dar órdenes de obligado cumplimiento» a la Cámara, ha señalado. Ciudadanos y el PPC, por su parte, han advertido a Torrent de las consecuencias legales si permite finalmente votar a Torra.
Los socialistas y los comunes, por su parte, se encuentran en terreno neutro. Mientras que el PSC quiere que los letrados sean los que determinen si la orden de la JEC se tiene que cumplir, Catalunya en Comú pide «prudencia» y señalan que sería positivo contar con el informe que demanda la formación de Miquel Iceta.
