El TC admite a trámite los recursos del PP y las CCAA contra la Ley de Vivienda

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido aceptar los recursos de inconstitucionalidad presentados por los gobiernos de Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Baleares, así como más de 50 diputados del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados. Estos recursos impugnan la constitucionalidad de la Ley de Vivienda aprobada en abril por la Cámara baja, según se informó hoy.

Según lo detallado en disposiciones publicadas este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los recursos se dirigen contra varios aspectos del articulado de la Ley, que entró en vigor el pasado 26 de mayo, justo antes de las elecciones autonómicas y municipales. Uno de los aspectos que se pospone es la regulación de los incentivos fiscales que se aplicarán en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, cuya entrada en vigor se retrasará hasta el 1 de enero de 2024.

La Ley de Vivienda, cuya negociación se desbloqueó a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales, y después de tres años de contactos, fue aprobada el 17 de mayo de manera definitiva en el Senado con el respaldo de los socialistas y los grupos independentistas y de izquierda que respaldan al Gobierno de coalición.

Los recursos de inconstitucionalidad se centran en diversos aspectos, incluyendo el control de precios de los alquileres, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, la definición de vivienda protegida y asequible incentivada, así como la figura del gran tenedor.

También cuestionan los deberes relacionados con el derecho de propiedad, las reservas de suelo exclusivamente para vivienda social en zonas tensionadas y los principios que deben regir la vivienda protegida.

Además, los recursos solicitan que se declare inconstitucional las obligaciones impuestas a los grandes tenedores en zonas tensionadas, la finalidad y financiación de los parques públicos de vivienda, los criterios para su gestión y la información mínima requerida en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda.

Se dirigen también contra aspectos relacionados con la inversión en programas de política de vivienda, la caracterización del parque de vivienda, la vivienda deshabitada o vacía y el suelo público disponible para vivienda.

En cuanto a las disposiciones, los recursos cuestionan las medidas de contención de precios en los alquileres, la revisión de los criterios para la identificación de zonas tensionadas y las viviendas calificadas con algún régimen de protección pública antes de la entrada en vigor de la ley.