Sánchez utiliza a Iglesias para no enfangarse con ERC

El viernes, el Consejo de Ministros decidirá, previo informe del Consejo de Estado, sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional de la resolución del Parlament que reprobó la monarquía.

Hay que recordar que esa reprobación se aprobó gracias a que En Comú Podem presentó la correspondencia iniciativa parlamentaria, es decir, la franquicia catalana del partido morado, socio preferente del Gobierno de Pedro Sánchez. En buena lógica, Pablo Iglesias ha manifestado su contrariedad por el recurso que puede iniciar el Gobierno el próximo viernes.

Empieza a ser insoportable la falta de correspondencia que utilizan los dos partidos secesionistas catalanes en sus iniciativas políticas y exigencias al Gobierno de Sánchez con lo que ellos están dispuestos a ofrecer.

Empieza a ser insoportable la falta de correspondencia que utilizan los dos partidos secesionistas catalanes

Si hiciéramos abstracción de otras consideraciones que permanecen ocultas, el apoyo de ERC y Pdecat a los presupuestos sería sencillamente imposible. Quim Torra y Carles Puigdemont calientan a los CDR contra el Estado, demonizan al Rey de España, siguen acudiendo a los foros internacionales y algunos de sus dirigentes se permiten afirmar que los políticos presos, si España no fuera un país de la UE, serían fusilados.

Establecen un paralelismo con el caso de Lluís Companys, sin entrar en el detalle capital que el político catalán fue detenido en Francia por la Gestapo y entregado al régimen de Franco, al que tratan ahora de poner al mismo nivel que el actual estado democrático en esa hipérbole insoportable.

También hay antecedentes, como que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, haga declaraciones públicas sobre la excesiva duración de la prisión provisional, ordenada nada menos que por un magistrado del Supremo. Y que la delegada del Gobierno español en Cataluña se pronuncie públicamente a favor del indulto imposible de quienes ni siquiera han sido juzgados.

Las cartas de Sánchez, Iglesias y el independentismo

Para hacer una crónica lo más fidedigna posible, hay que armar un puzle con todas estas situaciones y poner después en la balanza, los legítimos movimientos del Gobierno para aprobar los presupuestos y las concesiones que pueden producirse con quienes están procesados por haber intentado destruir la democracia y ahora parece que no tienen diques de contención para erosionar al Rey.

Hagamos el intento, ¿que han puesto en su parte de la balanza los secesionistas para corresponder a la actitud de diálogo del Gobierno y a los gestos políticos de distensión que ha llevado a cabo? Quizá solo una cosa: aparentemente han renunciado a seguir vulnerando la Constitución.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al líder de Podemos Pablo Iglesias. EFE/J.J. Guillén

Pero con los datos públicos que disponemos podemos afirmar que no lo hacen como correspondencia de nada, sino exclusivamente para evitar ser procesados por nuevos delitos que pudieran congelar su acción política. Es eso precisamente lo que les reprochan las masas que ellos han calentado con promesas que ahora por temor no se atreven a cumplir.

¿A quien manda el presidente de Gobierno, con delegación expresa, a negociar el apoyo a los presupuestos del Estado? A quién no parece tener ningún riesgo electoral en aparecer como protector de los intereses de los secesionistas, con los que tiene excelentes relaciones como para promover la reprobación del Rey de España.

La Fiscal General del Estado ha recibido presiones para rebajar la calificación de los delitos por los que están procesados los políticos presos

Pedro Sánchez intenta eludir la responsabilidad de las propuestas que haga Iglesias a los líderes secesionistas, aunque lo haga por encargo del Gobierno. Por encargo del Gobierno, su socio Pablo Iglesias va a negociar los presupuestos con un dirigente político en prisión provisional y en las dependencias de la cárcel.

Desde la inicial negativa de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a que el Estado se hiciera cargo de los gastos de defensa del magistrado Llarena por la demanda torticera iniciada por Puigdemont, hay notables demostraciones de menosprecio al Tribunal Supremo y de injerencia en las decisiones de la Justicia.

Puede ser letra pequeña que los políticos presos, ajenos a cualquier regulación de sus derechos penitenciarios, conviertan sus celdas en despachos políticos, accesibles, sin límite, a todos los que ellos quieran recibir. Claro, ocurre porque antes ha habido una decisión política del Gobierno, de trasladarlos a cárceles catalanas, bajo la administración exclusiva de la Generalitat de Cataluña.

En los últimos días, la Fiscal General del Estado, María José Sagarra, ha pedido tranquilidad para hacer su trabajo ante los rumores de una rebaja en la calificación de los delitos por los que están procesados los políticos presos.

Todavía son solo rumores, pero hay hechos concretos como las declaraciones aludidas de la vicepresidenta de Gobierno sobre la duración de la prisión provisional que han desatado las alarmas.

Ciudadanos y PP, de tanto repetir los mismos clichés sin mesura, pierden credibilidad y eficacia

En estos asuntos, Pedro Sánchez tiene unos aliados impensables. La hiperventilación con la que actúan tanto Ciudadanos como el PP les restan eficacia en su labor de control al Gobierno. De tanto repetir los mismos clichés sin mesura, pierden credibilidad y eficacia.

Estamos en una situación decisiva para la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa. Los votos de los nacionalistas catalanes son imprescindibles para completar el puzle parlamentario que les permita aprobarlos.

Todo invita a observar con detalle las gestiones de Pablo Iglesias ante Oriol Junqueras en las reuniones que tenga en prisión. Y servirán para cotejar el grado de connivencia o compromiso que está dispuesto a asumir el presidente de Gobierno, aunque sea a través de persona interpuesta.